Mientras la CUT valoró el dictamen de la Dirección del Trabajo que llamó a respetar las “cláusulas tácitas”, el experto Gabriel Halpern dijo que lo que corresponde es un debate a nivel legislativo, porque los feriados irrenunciables están regulados.
Miles de personas coparon la vereda sur de la Alameda tras el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores a manifestarse por mejores condiciones laborales y económicas.
La movilización convocada por la CUT busca interpelar al Gobierno por una serie de compromisos inconclusos. Desde el Ejecutivo, el vicepresidente Álvaro Elizalde defendió el “legítimo” derecho a manifestarse, pero siempre en el marco de la ley.
El diagnóstico de la multisindical es que el debate político actual “está disociado de las necesidades del pueblo de Chile” y que las crisis institucionales han desviado los focos de atención en desmedro de los trabajadores y trabajadoras.
En el acto participó el Presidente Boric, quien destacó el legado del expresidente de la ANEF y señaló que “el golpe de Estado del 73′ se hizo contra los trabajadores y las trabajadoras”.
En un comunicado la multisindical dijo rechazar “cualquier reforma que perpetúe la mercantilización de la seguridad social y transforme las pensiones en un negocio para unos pocos”. Así, advirtió que seguirá luchando por jubilaciones dignas.
El estudio busca establecer un contexto y dar herramientas para la prevención de la violencia y acoso en los entornos laborales.
Los salarios para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024. Luego, a contar del 1 de enero y junio de 2025, el incremento será de un 1,2% y 0,64%, respectivamente.
Si bien desde la Mesa del Sector Público solicitaron un alza de un 7,5% nominal, desde el Gobierno contrapropusieron un 4,1%. Para los gremios, éste porcentaje no es suficiente y anticipan que tendrán que sentarse a trabajar sobre dicha cifra.
Más de 60 mil personas se manifestaron a nivel nacional por los “retrocesos” en las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. La movilización fue cuestionada por el Gobierno, pero aseguraron que el proceso de ajuste seguirá adelante.
La paralización comenzó a las 8:30 horas en el frontis de la Contraloría, donde el presidente de la ANEF, José Pérez, encabezó una manifestación.
El coordinador de la instancia, Carlos Insunza, cuestionó la postura de parlamentarios de oposición, quienes advirtieron que no apoyarán un aumento en salarios de empleados fiscales.
Tras una sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios Luis Cuello (PC) y Leonardo Soto (PS) presentaron un proyecto que busca establecer por ley este principio.
Entre las demandas de materia económica, los gremios proponen un reajuste nominal de un 7,5%. A esto se suma, la reducción de la jornada en el sector público a 40 horas y la reactivación de incentivos al retiro para mayores de 65 años.
El mundo sindical se manifestó a nivel nacional para que la nueva contralora, Dorothy Pérez, no se abstenga de ejercer su deber constitucional de fiscalización del Estado. Por su lado, el Gobierno recalcó el rol autónomo del organismo.
Luego de la muerte del gasfíter Hugo Morales, quién falleció tras cumplir extensas jornadas laborales en el interior del Palacio de La Moneda, los gremios de trabajadores denuncian que el funcionario fue “vulnerado y explotado”.
El dirigente sindical cuestionó que el Gobierno “sacó el pie del acelerador” sobre la Ley de 40 Horas para el sector público, pero dijo tener la expectativa de que se cumpla la palabra empeñada: “Esperamos certeza de nuestra contraparte”.
