La ANEF junto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunciaron el despliegue de una campaña informativa con el fin de interiorizar a la ciudadanía los verdaderos alcances de la nueva propuesta impulsada por el gobierno.
Diez son las organizaciones sociales que se sumarán a las movilizaciones del 8 de marzo: la AFDD, la CUT, la Confusam, la Federación de Colegios Profesionales, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Coordinadora Nacional No+AFP, Marca AC, la Red de Investigadoras (REDI) y las federaciones de estudiantes de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica.
Según un informe de la OCDE, que analizó cómo afectará la digitalización al modelo de vida y la cotidianidad de la sociedad, más de la mitad de los empleos en Chile podrían desaparecer debido a la automatización. “Se trata de una señal de alerta donde nosotros como sociedad, y cada uno en particular, debe saber que hay una revolución digital”, afirmó el director de desarrollo digital de la Fundación País Digital.
A menos de un mes de haber presentado la nueva indemnización de los trabajadores, el gobierno de Sebastián Piñera decidió no incluirla dentro de la reforma laboral. Desde la CUT afirmaron que, a pesar de esto, el proyecto “no cambia mucho” y que sigue siendo igual de “peligroso”.
La propuesta del Gobierno, que busca reemplazar la actual indemnización por años de servicio, ha tenido más detractores que partidarios. Desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio han anunciado que votarán en contra de la medida que plantea reducir el pago a medio año.
El lunes comenzaron las movilizaciones en rechazo al plan de ajuste de la empresa, el que implicará despidos a nivel nacional. Los trabajadores señalan que ellos no son los culpables de la “desastrosa” gestión anterior y responsabilizan al ex Gerente General, Marcelo Tokman.
La CUT de la provincia del Limarí hizo un llamado a las autoridades a incrementar los controles en distintas empresas agrícolas de la zona.
La nueva jornada de movilizaciones convocada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales dejó en evidencia los problemas internos a los que se enfrenta la mayor confederación de trabajadores del país. La firma del protocolo que la semana pasada cerró las negociaciones entre los empleados fiscales y el gobierno, ha producido una división dentro de la agrupación que podría dificultar la reintegración de los más de 2.000 trabajadores que según la agrupación han sido desvinculados de manera arbitraria.
La Cámara de Diputados despachó la semana pasada el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que regula labores a distancia. Desde el Ministerio del Trabajo destacan que esta modalidad de empleo ahorrará los traslados, la contaminación y será más inclusivo, mientras desde las organizaciones y sindicatos argumentan que menoscaba derechos laborales.
El Gobierno y los gremios alistan, este miércoles, una nueva jornada de negociación, considerada como clave por los representantes sindicales, quienes aseguran que si el Ejecutivo no incrementa los porcentajes del reajuste, iniciarán acciones de protesta en todo el país.
Estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales y parlamentarios de oposición se sumaron a la convocatoria. Universitarios reclaman desde octubre recorte presupuestario que no atiende déficit estructural de los planteles de educación superior.
La presidenta de la entidad, Bárbara Figueroa, afirmó que el paro de este jueves logró movilizar a alrededor de 500 mil personas a nivel nacional. En Santiago, decenas de miles de personas marcharon por la Alameda.
A la movilización adhirieron varias agrupaciones sociales como estudiantes secundarios, universitarios, organizaciones de derechos humanos, funcionarios de la salud, partidos políticos y otros. La paralización es de carácter nacional y se prevé que finalice a las 19 horas con un cacerolazo frente a La Moneda.
La parlamentaria, autora del proyecto “40 horas” aseguró que desde el Ejecutivo “sólo ha habido propuestas de flexibilización y precarización laboral”. Esta mañana junto a diputados y dirigentes sindicales solicitaron al Gobierno ratificar el Convenio 47 de la OIT sobre reducción de la jornada laboral.
“Tenemos la obligación de asumir la responsabilidad histórica de enfrentar a las AFP, dado que son la expresión máxima de un modelo de desarrollo basado en la especulación”, así lo plantearon la Coordinadora Nacional “No + AFP” y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) luego de una reunión que se realizó este jueves.
El gobierno y algunos parlamentarios de oposición firmaron un protocolo de acuerdo por el reajuste del salario mínimo, por lo que la iniciativa ingresó con discusión inmediata a la comisión unida de Hacienda y Trabajo. En medio del ajetreo para sacar el proyecto cabe preguntarse, ¿cuál fue la posición de los trabajadores en el debate?
La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, manifestó la necesidad imperiosa de que se envíe un nuevo reajuste, ahora sin incremento automático. Mientras, el Gobierno está en plena negociación con parlamentarios opositores con el fin de llegar a un acuerdo previo en la iniciativa remuneracional.
