Paro nacional convocado por la CUT se da en medio de la tramitación del proyecto de ley, el que se votará este miércoles en la Sala de la Cámara. Movilizaciones se replicaron en distintas ciudades del país. “No seremos cómplices pasivos”, advirtió Bárbara Figueroa.
La Mesa del Sector Público, la Ajunji y la Dibam se plegaron a la movilización nacional convocada por la multisindical, donde destacaron la transversalidad del movimiento y su organización regional. Por su parte, el Gobierno espera acotar al máximo los temas del proyecto que revisará una eventual comisión mixta.
A un día del paro convocado por la CUT, el vicepresidente de la entidad sostuvo que las modificaciones buscan criminalizar la acción sindical.
Desde la multisindical señalaron que se ha llegado a un acuerdo con las autoridades metropolitanas para determinar el trazado de las marchas que se llevarán a cabo este martes, y anunciaron que no solamente se abordará la Reforma Laboral en esta manifestación, sino también se exigirán cambios en el sistema de AFP, una nueva Constitución y el fortalecimiento de la salud pública.
Proyecto de Reforma Laboral agudizó las divisiones en la Nueva Mayoría, donde si bien se prohíbe el reemplazo en huelga, se permite que el empleador implemente adecuaciones necesarias. Además, las micro y pequeñas empresas no podrán acceder a la negociación colectiva obligatoria.
Con el proyecto siendo discutido en el Senado, desde la Cámara Baja y entre los dirigentes de la multisindical aseguran que la iniciativa no será aprobada tan fácilmente. Figura de las “adecuaciones necesarias” aparece como el principal obstáculo.
La comisión de Trabajo de la Cámara Alta vota la iniciativa este lunes. En el oficialismo siguen las diferencias por las “adecuaciones necesarias” en caso de huelga, la restricción a los beneficios colectivos y la titularidad sindical. Mientras, los trabajadores también se muestran críticos.
El senador DC cuestionó la postura de la Central Unitaria de Trabajadores frente al proyecto de Reforma Laboral y aseguró que su partido se mantiene leal al Gobierno, pese a las críticas que ha recibido en los últimos días.
Programado para el próximo 22 de marzo, la paralización sigue sumando adhesiones desde distintos sectores, quienes además se plegarían a la marcha que encabezará la Central Unitaria de Trabajadores.
“Esperamos que la Reforma que el Gobierno ha presentado, que tiene elementos que consideramos avances, salga sin letra chica” indicó Nolberto Díaz,vicepresidente del gremio. La movilización está convocada para el 22 de marzo.
Si bien el Gobierno promueve diversas iniciativas de ley, el sistema de pensiones no aparece entre sus prioridades. Como parte de este episodio, Ricardo Hormazábal no duda en apuntar a los ministros Jorge Burgos y Rodrigo Valdés por defender, por ejemplo, a la saliente superintendenta Tamara Agnic.
La Contraloría dejó sin efecto los reclamos de la Superintendencia de Pensiones y del grupo financiero estadounidense Principal sobre la fusión de las AFP Cuprum y Argentum. La noticia nuevamente cuestiona al modelo de administradoras de fondos de pensiones, pero además empieza a develar una confusa red de influencias entre la empresa y la superintendencia.
Frente a la posibilidad de que se retrase la tramitación del proyecto por las discrepancias que genera al interior de la Nueva Mayoría, parlamentarios y dirigentes sindicales concordaron en que la iniciativa debe ser votada en marzo y que “cada uno se saque su careta y voten como corresponde”.
Durante este jueves diversas organizaciones sindicales se tomaron las dependencias de la sede de la OIT en Santiago. Por su parte la CAT afirma que “es necesario que La Moneda enmiende su error y convoque a una mesa tripartita para elaborar las reformas al código laboral”.
Desde la CUT se acusó al Gobierno de frenar el proyecto por el “chantaje” de algunos senadores. Sin embargo, aseguran que la Reforma no beneficia a los trabajadores. Tampoco consideran un aporte su demora legislativa.
Este martes se discutirá en el pleno del Senado el proyecto, luego de sus conflictivos pasos por las comisiones de Trabajo y Hacienda. El Gobierno se autoimpuso un plazo de 48 horas para ingresar nuevas modificaciones que permitan aprobar uno de los proyectos prioritarios del mandato de Michelle Bachelet.
En el Ejecutivo no cuentan con el respaldo para despachar la iniciativa del Senado. Incluso, parlamentarios de la propia Nueva Mayoría se oponen al proyecto. La dilación podría generar una convocatoria a paro de la CUT.
