Por tercera vez en su historia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha resuelto abrir sus archivos relacionados con la violación a los derechos humanos y laborales en un país. Lo hizo anteriormente con la referida a la dictadura militar argentina (1976-1983) y en el caso de Polonia.
La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos conversó con nuestro noticiero sobre las especulaciones de cierre del penal Punta Peuco y calificó la situación actual como un “docu reality” en el no se considera el problema de fondo: la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
En fallo unánime, la Primera Sala confirmó la sentencia que condenó a César Manríquez Bravo a 13 años de presidio por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Antonio Sergio Cabezas Quijada.
La documentalista y ex compañera de Miguel Enríquez se refirió al fallo en contra del brigadier en retiro del Ejército por la muerte del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): “Miguel Enríquez combatió y resistió para vivir, puesto que la DINA y los agentes condenados venían a matar”, afirmó.
Según la acción judicial, la eliminación de documentos habría ocurrido en el año 2000 durante una mesa de diálogo conformada para esclarecer la información sobre las causas de violaciones a los DDHH en dictadura. Frente a ello, la abogada de la organización, Magdalena Garcés, indicó: “Nos parece que no ha habido una búsqueda rigurosa de esa información, sino más bien aparecen ciertas tendencias de ocultamiento y encubrimiento”.
Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago preparan una marcha para exigir mejoras en las condiciones de los migrantes. La cita es para este domingo 9, mientras que el próximo sábado 8 de julio se iniciará la campaña “Mi piel, tú piel. Mi corazón, tú corazón. Vivamos en Paz” para promover la no criminalización de la migración impulsada por el Movimiento de Acción Migrante.
Patricio Véjar, integrante del Comité de Iniciativa Nacional contra la tortura, aseveró que la institución carece de completa autonomía y no cumple con estándares internacionales. Subsecretaria de Derechos Humanos rechazó las críticas a la prenormativa impulsada por el Gobierno.
El jurista indicó que las nuevas diligencias tienen por objetivo conseguir una pena de cárcel efectiva para todos los militares en retiro involucrados en los asesinatos ocurridos en el regimiento de La Serena durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte.
Nueve gendarmes fueron condenados por apremios ilegítimos contra internos en Calama. El hecho se suma a una lista de denuncias que acusan torturas y malos tratos de parte de la institución. Querellantes sostienen que hay un abuso de la fuerza por parte de los organismos que ejercen control.
Mientras su visita fue criticada por la extrema derecha y Osvaldo Andrade, el ex magistrado participó de un foro sobre genocidio en Chile, organizado por el Partido Socialista.
El ministro Jaime Arancibia decidió someter a proceso a los oficiales retirados por el secuestro de liceana en 1973.
La Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP explicó que estas demandas históricas siguen estancadas. El principal problema es que no existe un catastro que permita idear una política tendiente a solucionarlo.
Ante la avanzada de algunos sectores por otorgar beneficios carcelarios a condenados por delitos de lesa humanidad, diversas críticas han surgido respecto de la pertinencia de implementar dichas salvaguardas. En ese sentido, se compara la forma en que países como Alemania han enfrentado este tipo de casos.
Un 14 por ciento de la población colombiana es víctima de desplazamiento, con 6,9 millones de personas que abandonaron sus hogares por la violencia en las últimas tres décadas. Según la agencia de la ONU para los refugiados, estas cifras confirman que el país sudamericano supera a Siria.
Esta mañana, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos se encadenaron a Tribunales, en protesta de las gestiones en el Parlamento que permitirían otorgar derechos penitenciarios a reos condenados por violaciones a los derechos humanos.
Hace una semana, Argentina se convirtió en el primer país en condenar formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor. En 2013 el ex dictador argentino, Jorge Rafael Videla, falleció en la cárcel con 87 años. A este lado de la cordillera, el dictador Augusto Pinochet murió en una cama tibia del Hospital Militar, rodeado de seres queridos.
Como “una deuda del Estado chileno” calificaron diferentes organizaciones el envío del protocolo facultativo de la Convención Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mecanismo que establece las herramientas para garantizar a nivel internacional derechos tan relevantes como la salud y la educación.
