La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó en general la llamada “Ley Antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”, iniciativa que sanciona los delitos “que afectan el orden público”. Ante el trámite parlamentarios que aún queda por resolver, agrupaciones insisten en el rechazo ciudadano que genera el proyecto.
En una ceremonia realizada en la ex sede de la Vicaría de la Solidaridad, la organización ecuménica que inició bajo el nombre de Comité Pro Paz para luego resurgir como la Vicaría de la Solidaridad celebró los 40 años desde su creación, con la participación de miembros de la iglesia y organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas de la dictadura y abogados.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó el “temor” que genera el hecho de que condenados por violaciones a los derechos humanos posean armas. Mientras que Odlanier Mena se suicidó disparándose con un revólver de su propiedad, Álvaro Corbalán tiene inscrita una decena de armas.
El Gobierno dio a conocer este miércoles las razones de las cinco ocasiones en que se rechazaron indultos para Odlanier Mena, por razones humanitarias. En organizaciones de DDHH valoran la determinación, ya que se basó en recomendaciones de la Corte Interamericana de DDDHH, pero lamentan que la legislación nacional, en este sentido, sea “ambivalente”.
Como una decisión soberana que se debe a la necesidad de proteger la integridad democrática de su país calificó el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, la expulsión de tres diplomáticos estadounidenses determinada por el Presidente Nicolás Maduro. En conversación exclusiva con Radio Universidad de Chile, el diplomático venezolano explicó además las razones de la salida de su nación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que acusan de obedecer a los dictámenes de Washington.
Molestia generaron en la Alianza los dichos del ministro Rodrigo Hinzpeter, quien aludió a un problema “ético” de ese sector por haber criticado el cierre del Penal Cordillera. Desde Renovación Nacional llaman a “emparejar la cancha” en temas de derechos humanos e insisten en la extradición de Galvarino Apablaza.
La acción judicial había sido presentada por el abogado de Manuel Contreras, Raúl López, contra la decisión del Presidente Sebastián Piñera de cerrar el Penal Cordillera y trasladar a sus internos al recinto penitenciario de Punta Peuco. La razón fundamental entregada es que los ministros no se inmiscuyen en las decisiones que toman entidades técnicas como Gendarmería.
El fiscal de la Zona Oriente, Roberto Contreras, que investiga el supuesto suicidio del general en (r), condenado por violaciones de derechos humanos, Odlanier Mena, aseguró que no se puede descartar ninguna hipótesis respecto a este hecho que habría ocurrido en la escalera del edificio donde vivía. Confirmó además, que, según los primeros informes, el […]
Desde las últimas horas de este viernes se inició la cuenta regresiva del operativo que trasladará hasta el recinto penitenciario de Punta Peuco a los 10 militares en retiro que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en el Penal Cordillera, luego que el Presidente Sebastián Piñera decretara su cierre.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
Según lo descrito luego de la inspección, existen cuatro módulos, todos con patio, además de una sala de estar, baño, cocina, enfermería, dos canchas de recreación, área de kinesiología, biblioteca y sala multiuso.
Agrupaciones de gendarmes y de derechos humanos manifestaron su rechazo a los múltiples beneficios de los diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Cordillera, revelados en el informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Amparados en el principio de igualdad ante la ley, exigen el cierre tanto de ese recinto como de Punta Peuco.
