En casi tres décadas, Chile ha exportado un discurso sobre Derechos Humanos que, para los ex presos políticos, sólo se ha quedado en la retórica y mantiene una deuda con esa parte de las víctimas que no tiene apellidos rimbombantes, no es parte de cúpulas políticas ni tampoco pertenece a los llamados “casos emblemáticos”.
Una centena de estudiantes salieron a las calles de Santiago en una marcha que no fue autorizada por la intendencia. Desobedeciendo a su propio protocolo de Derechos Humanos, Fuerzas Especiales de Carabineros reprimió y detuvo a secundarios que se manifestaban pacíficamente.
La actuación de Carabineros se encuentra regulada en una serie de protocolos que se hicieron públicos sólo hace dos años. El contenido de las disposiciones, su conformidad con los derechos humanos y sobre todo su efectiva aplicación, enfrentan severos cuestionamientos.
El ex Cuartel Borgoño fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Consejo de Monumentos. Miembros de organizaciones de Derechos Humanos valoraron la iniciativa como un avance en materia de reparación y memoria. “Es relevante que las futuras generaciones sepan qué pasó en este país”, destacó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La grave acusación realizada por la estudiante Constanza Vargas y confirmadas en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile pone nuevamente en tela de juicio el actuar policial frente a las movilizaciones ciudadanas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfrenta la peor crisis financiera de su historia, que de no solucionarse a la brevedad, le impedirá continuar velando por los derechos humanos en la región. Esta situación sería consecuencia de la falta de financiamiento de países descontentos con la lectura progresista del organismo.
Después de dos décadas de posdictadura, adquiere explicación que los gobiernos de La Concertación se hayan opuesto tenazmente a la consolidación de aquellos medios de comunicación que combatieron al régimen de Pinochet y promovieron la democracia, prefiriendo cultivar buenas relaciones con la prensa de derecha que fuera cómplice de las graves violaciones a los Derechos […]
Las organizaciones sociales están preocupadas por los anuncios que se realizarán el próximo 21 de mayo. Esto porque el gobierno podría presentar el mecanismo de prevención de la tortura antes de tipificar el delito propiamente tal. Además, criticaron la forma en que se está enfrentando la agenda de Derechos Humanos a puertas de un nuevo balance de cumplimento y la aparición de nuevos compromisos…
Luego que la PDI decidiera iniciar la demolición del ex Cuartel Borgoño de la CNI, ubicado a un costado de la Estación Mapocho, diversas organizaciones en conjunto con la Municipalidad de Independencia lograron la paralización de las obras, para evaluar una salida alternativa y conservar el lugar como un espacio de memoria.
La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el proceso que encabezó el expresidente en materia de Derechos Humanos y afirmó que “hizo poco por las víctimas y mucho por los victimarios”.
Como “una deuda del Estado chileno” calificaron diferentes organizaciones el envío del protocolo facultativo de la Convención Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mecanismo que establece las herramientas para garantizar a nivel internacional derechos tan relevantes como la salud y la educación.
La decisión fue tomada en un fallo emitido por el Consejo para la Transparencia, después de que la Fuerza Aérea se negara a entregar dicha nómina. Desde la FACh señalaron que entregarán toda la información que poseen, no obstante no aclararon si los nombres están incluidos en ella.
Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos muestra que la criminalización de los defensores de DD.HH. sigue siendo un problema en toda América Latina, a pesar del impulso dado por la Corte Interamericana en el fallo que condenó a Chile por utilizar la Ley Antiterrorista.
Las inquietudes radican principalmente respecto de los derechos sociales y colectivos, considerando que en marzo se adoptarán una serie de definiciones para configurar el proceso de participación ciudadana. La autodeterminación de los pueblos aparece como una de las exigencias prioritarias.
En su Informe Anual la organización puso una señal de alerta sobre las trabas para superar la impunidad, la violencia policial, el uso excesivo de la fuerza hacia la población indígena, entre otros temas, afirmando que “aún falta mucho trabajo en materia de derechos humanos en nuestro país”. En el capítulo internacional, se sancionó la creciente violación de los DD.HH. en varios países del mundo.
La Tercera Sala del Tribunal rechazó el recurso de apelaciones interpuesto por algunos miembros de la comunidad, argumentando que la construcción del sitio de memoria “no obedece a un mero capricho de la Municipalidad”.
Luis Roblero, sostiene que el documento de la Corte de Apelaciones muestra la cara más dura de la desigualdad, aunque advierte que las condiciones de los internos no son muy distintas a la que enfrentan sus familiares en sus poblaciones.
