Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
Las entrevistas al ex director de la DINA, Manuel Contreras, reactivaron el debate por los beneficios carcelarios que tienen los condenados por violación a los Derechos Humanos. Tanto gendarmes como abogados destacan que los reos gozan de amplias comodidades, en los penales Cordillera y Punta Peuco, en contraste con el hacinamiento penitenciario existente en el país.
El portavoz de la Corte Suprema confirmó que los jueces que investigan las 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura tendrán dedicación exclusiva para esos casos. Por ello, se nombrará ministros suplentes en su reemplazo, para que la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa.
Distintas agrupaciones se sumaron al llamado de algunos diputados opositores, quienes solicitaron ayer al Gobierno que indique “suma urgencia” a la derogación del Decreto Ley de Amnistía, que deja sin sanción las violaciones a los Derechos Humanos entre 1973 y 1978. Analistas destacan que su vigencia evidencia un retraso a nivel político y judicial, entre otras herramientas que impiden un juicio a los responsables.
En una de las primeras acciones luego de la declaración del viernes pasado, el Pleno de la Corte Suprema decidió otorgar herramientas para garantizar una dedicación exclusiva de magistrados que investigan causas de Derechos Humanos, vinculadas a las violaciones cometidas durante el régimen militar.
En conversación con el programa A Tu Salud de Radio Universidad de Chile, el doctor Luis Ciocca relató detalles del caso y dijo que identificar a un detenido desaparecido “es una forma de romper la impunidad”.
Un grupo de diputados demandó que el Gobierno presente un proyecto legislativo que derogue el Decreto Ley de Amnistía de 1978, aludiendo a la voluntad expresada por el Presidente de avanzar en la verdad y la justicia, a 40 años del golpe militar.
Representantes del espacio de memoria Londres 38 solicitaron al Ministro del Interior explicaciones sobre el violento desalojo de lienzos instalados por esa organización en los puentes del río Mapocho, recordando a los detenidos desaparecidos. En tanto, Amnistía Internacional reunió 25 mil firmas para pedir la modificación de la justicia militar y la derogación de la ley de amnistía.
Durante el estreno de la obra de teatro “Los Suplicantes” en el que fuera uno de los tantos centros de detención y tortura de la dictadura, un aviso de bomba movilizó a personal del GOPE y obligó a evacuar a decenas de personas. Una llamada anónima alertó de la supuesta bomba, dando un plazo de […]
En el Palacio de La Moneda se llevó a cabo el acto organizado por el gobierno para conmemorar los 40 años del golpe de Estado de 1973, el Presidente, Sebastián Piñera, fue el único orador de la jornada que contó con la presencia de autoridades y algunos candidatos presidenciales. “Se debe admitir que aún en situaciones extremas de quiebre institucional existen normas que deben ser respetadas siempre por todos, fenómenos como la tortura, o la desaparición forzada, nunca, nunca deben ser justificados”, señaló.
José Carrasco Tapia se desempeñaba como editor internacional de la revista Análisis hasta el 8 de septiembre de 1986, cuando fue sacado de su casa por agentes de la CNI y acribillado al costado del Cementerio Parque del Recuerdo. Periodistas y familiares aun homenajean su recuerdo, el de la lucha incansable por la libertad de expresión y los derechos humanos.
Los ministros integrantes del máximo tribunal, en voz del presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dieron a conocer una declaración pública refiriéndose al papel que jugó el Poder Judicial durante la dictadura militar y en particular en la defensa de los derechos humanos. “No cabe sino reconocer que esos atropellos efectivamente ocurrieron durante la dictadura, que en parte se debió a la omisión de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para investigar las violaciones a derechos humanos e impedir que siguieran ocurriendo”, señalaron.
Pese a las dificultades, fueron muchos los periodistas que sortearon los obstáculos de la censura y la represión de la dictadura e informaron de las violaciones a los derechos humanos que se acumulaban en el país y que el resto de los medios callaba. Ante el brutal asesinato de uno de los suyos: el periodista José Carrasco Tapia, no cesaron en una labor que recién hoy, a 40 años del golpe militar, es reconocida masivamente por su importancia y trascendencia histórica.
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en contra de una sentencia que condenó a ex integrantes de Central Nacional de Informaciones (CNI) y el Fisco de Chile a pagar una indemnización a familiares de 4 ejecutados políticos de noviembre de 1981. En fallo unánime los ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Carlos […]
Cerca de las 15 horas de este miércoles se depuso la toma del programa de DDHH del ministerio del Interior por parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, al alcanzar un acuerdo para el avance de 58 querellas. Paralelamente, distintas acciones condenan la participación de la Armada en la Dictadura Militar y el Golpe de Estado y la mantención de ciertos “símbolos”
Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
Un número de personas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos realizan una manifestación en las afueras de las oficinas del Departamento Derechos Humanos del Ministerio de Interior. Los manifestantes se encadenaron en las puertas de las dependencias de esa repartición pública y exigen poder conversar con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla para […]
