El fiscal de la Zona Oriente, Roberto Contreras, que investiga el supuesto suicidio del general en (r), condenado por violaciones de derechos humanos, Odlanier Mena, aseguró que no se puede descartar ninguna hipótesis respecto a este hecho que habría ocurrido en la escalera del edificio donde vivía. Confirmó además, que, según los primeros informes, el […]
Desde las últimas horas de este viernes se inició la cuenta regresiva del operativo que trasladará hasta el recinto penitenciario de Punta Peuco a los 10 militares en retiro que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en el Penal Cordillera, luego que el Presidente Sebastián Piñera decretara su cierre.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
Según lo descrito luego de la inspección, existen cuatro módulos, todos con patio, además de una sala de estar, baño, cocina, enfermería, dos canchas de recreación, área de kinesiología, biblioteca y sala multiuso.
Agrupaciones de gendarmes y de derechos humanos manifestaron su rechazo a los múltiples beneficios de los diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Cordillera, revelados en el informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Amparados en el principio de igualdad ante la ley, exigen el cierre tanto de ese recinto como de Punta Peuco.
El experto en justicia transicional de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, visitará por primera vez Uruguay, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2013, para evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las serias violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de los años 70 y […]
Dos horas antes de lo presupuestado zarpó este domingo el Buque Escuela Esmeralda en la bahía de Valparaíso, para evitar posibles manifestaciones de organismos de Derechos Humanos en el marco de los 40 años del golpe militar. Mientras, este martes se presentará la historia del sacerdote Miguel Woodward quien murió al interior de la embarcación, en uno de los casos emblemáticos de tortura.
Parlamentarios y organizaciones de Derechos Humanos valoraron que el mandatario estudie la posibilidad de cerrar recintos penales especiales, pero llamaron a concretar lo que hasta el momento es una declaración de intenciones.
Consultado por las cárceles especiales para violadores a los derechos humanos, el Mandatario indicó que “en los próximos días”, el Ejecutivo realizará un importante anuncio.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
Las entrevistas al ex director de la DINA, Manuel Contreras, reactivaron el debate por los beneficios carcelarios que tienen los condenados por violación a los Derechos Humanos. Tanto gendarmes como abogados destacan que los reos gozan de amplias comodidades, en los penales Cordillera y Punta Peuco, en contraste con el hacinamiento penitenciario existente en el país.
El portavoz de la Corte Suprema confirmó que los jueces que investigan las 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura tendrán dedicación exclusiva para esos casos. Por ello, se nombrará ministros suplentes en su reemplazo, para que la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa.
Distintas agrupaciones se sumaron al llamado de algunos diputados opositores, quienes solicitaron ayer al Gobierno que indique “suma urgencia” a la derogación del Decreto Ley de Amnistía, que deja sin sanción las violaciones a los Derechos Humanos entre 1973 y 1978. Analistas destacan que su vigencia evidencia un retraso a nivel político y judicial, entre otras herramientas que impiden un juicio a los responsables.
En una de las primeras acciones luego de la declaración del viernes pasado, el Pleno de la Corte Suprema decidió otorgar herramientas para garantizar una dedicación exclusiva de magistrados que investigan causas de Derechos Humanos, vinculadas a las violaciones cometidas durante el régimen militar.
En conversación con el programa A Tu Salud de Radio Universidad de Chile, el doctor Luis Ciocca relató detalles del caso y dijo que identificar a un detenido desaparecido “es una forma de romper la impunidad”.
Un grupo de diputados demandó que el Gobierno presente un proyecto legislativo que derogue el Decreto Ley de Amnistía de 1978, aludiendo a la voluntad expresada por el Presidente de avanzar en la verdad y la justicia, a 40 años del golpe militar.
Representantes del espacio de memoria Londres 38 solicitaron al Ministro del Interior explicaciones sobre el violento desalojo de lienzos instalados por esa organización en los puentes del río Mapocho, recordando a los detenidos desaparecidos. En tanto, Amnistía Internacional reunió 25 mil firmas para pedir la modificación de la justicia militar y la derogación de la ley de amnistía.
