El INDH validó el uso de la fuerza en el desalojo de la megatoma de San Antonio, señalando que cumple con los estándares internacionales pese a la resistencia violenta en el sector.
110 familias abandonaron el lugar de forma voluntaria. El jefe comunal destalló que el municipio se preocupó de “cada detalle” para no generar “experiencias traumáticas (…) menos para niños o animales que no tienen culpa de nada”.
La Sala de Cuenta del tribunal de alzada porteño acogió el plan de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para desalojar el asentamiento ilegal de Cerro Centinela, en San Antonio, considerando el Decreto de Expropiación del inmueble.
Según los antecedentes, el predio abarca un total de 215 hectáreas, de las cuales aproximadamente 100 serían adquiridas por esta vía. En paralelo, se mantiene vigente el plazo judicial para el desalojo del predio.
Pobladores instalaron barricadas en el acceso principal, obligando a la intervención de Carabineros y personal de Control de Orden Público. El alcalde Alessandri aseguró tener “la obligación de hacer cumplir la ley”.
Tras años de litigio y el asesinato del propietario del terreno, el operativo contó con un masivo despliegue policial para eliminar las 140 viviendas de la ocupación ilegal en Quilpué. El gobierno dispuso medidas sociales para las familias.
Desde las 9:30 horas de hoy comenzará el desalojo de la toma Calicheros en Quilpué, en terrenos de la familia Correa, con un operativo social, migratorio y sanitario coordinado por la municipalidad y la Delegación Presidencial de Valparaíso.
El desalojo ya había sido pospuesto en ocasiones anteriores: primero, en noviembre de 2024, cuando el Gobierno pidió una prórroga; y luego en enero de este año, fecha en que la orden judicial volvió a postergarse hasta ahora.
El instituto pide conocer los protocolos que detallarán las medidas y/o normas que se seguirán en este procedimiento, si existe catastro de NNA afectados, y cuáles serán las disposiciones de Carabineros de Chile.
Dentro del acuerdo se contempla la conformación de una comisión técnica integrada por un representante de los dueños, el ministerio de Vivienda y el municipio de San Antonio.
A través de su Informe Anual 2024, el organismo cuestiona el avance de la estrategia del Ejecutivo señalando que aún hay más de 70 mil hogares que se encuentran repartidos en mil 432 campamentos, concentrados en Tarapacá (7,2%) y Atacama (4,8%).
A una semana para que se produzca la ejecución de la orden de desalojo, distintos actores de Valparaíso han manifestado su preocupación y apoyado una salida pacífica al problema que involucra a miles de personas.
El Gobierno citó a una nueva reunión con las partes involucradas en la resolución judicial. Mientras, habitantes de la ocupación se organizan para reaccionar al inminente despeje del lugar y lograr soluciones habitacionales definitivas.
“Estamos ayudando a algunos vecinos, porque el fuego “agarró papa” y el viento cambia en esta temporada de incendios terrible, lo hace muy peligroso”, manifestó el titular de Agricultura.
Este nuevo operativo recuerda a los hechos acontecidos hace unos meses, desde donde aún no se entregan respuestas ni soluciones a la crisis migratoria que afecta al norte del país.
Más de un centenar de policías se hizo presente en los faldeos del cerro Renca para obligar a los ocupantes de un campamento a abandonar el lugar. Vecinos de la comuna habían denunciado la venta ilegal de los terrenos que pertenecen a un privado y al Ministerio de Obras Públicas.
“Pese a la negativa del alcalde de solicitar el desalojo, nosotros desde el Ministerio del Interior tenemos la obligación de restituir ese bien público”, indicó el intendente de la Región del Bio Bio, Sergio Giacaman.
