El Gobierno definió 102 empresas estratégicas donde los trabajadores no pueden paralizar. La calificación se extiende por dos años, pero según indica la ley existe la posibilidad de reclamación posterior a la decisión ministerial.
En total, son tres los directivos que deberán cumplir con una firma quincenal durante ocho meses. La medida cautelar responde a un querella presentada en 2012 por los pescadores de la zona.
Expertos analizan los costos y la factibilidad del sistema que ha sido planteado por algunos como solución a las fallas de los servicios durante los temporales.
Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores junto a dirigentes sindicales del ámbito energético criticaron el proceder de las compañías que dejan de invertir en trabajadores especializados sólo con el fin de abaratar costos e incrementar sus utilidades.
Luego de los prolongados cortes de energía que han afectado a miles de personas en la capital, los trabajadores de Enel criticaron el modelo actual de la compañía, denunciando que “la totalidad de las operaciones de terreno descansa en empresas contratistas, con contratos que se precarizan cada vez más, mientras las utilidades de la empresa aumentan”.
Todos pudimos observar este último fin de semana cómo los voceros de ENEL accedieron a los medios para lavarse las manos e imputarle a las autoridades la inexistencia de un plan de desarrollo energético, para quejarse de que no existe un tendido eléctrico soterrado, como para librarse otra vez de su responsabilidad y falta de previsión frente a un fenómeno climático que fuera previsto y anunciado con bastante anticipación.
Hernán Calderón, presidente Conadecus, apuntó sus criticas a la poca previsión de las empresas privadas que entregan servicio básicos y a la falta de regulación. Además apuntó a la experiencia en el resto de los países en el mundo, donde los servicios básicos son de empresas del Estado, para el bien público y no para el bien particular de un grupo de accionistas.
La suspensión del suministro eléctrico se ha extendido por más de 72 horas en algunas comunas de la Región Metropolitana, de O’Higgins y del Maule, debido al sistema frontal del fin de semana. Los municipios anunciaron una demanda colectiva contra las empresas distribuidoras de energía. Expertos afirman que se necesita un nuevo marco regulatorio para el sector que está en manos de compañías privadas internacionales.
La solicitud de informes por parte de Colbún sobre la extracción de agua en la zona donde se instalaría Hidroaysén, apuntan a una posible reactivación del proyecto energético en otro de similares características. Sin embargo, el debate de fondo apuntaría al modelo de desarrollo que requiere la Patagonia basado en propuestas sustentables y ciudadanas.
La iniciativa se materializará mediante la inversión de 20 millones de dólares, para crear el Centro de Investigación y Desarrollo de Energía Marina.
Con sorpresa recibieron en la región de Atacama la posibilidad que Enersis decida suspender el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde. De acuerdo a lo que se filtró desde Enersis, la paralización de algunos proyectos mineros y la incertidumbre respecto de la interconexión del SIC y el SING motivarían la resolución.
Si bien la reunión se llevó a cabo a puertas cerradas, los antecedentes del actual ejecutivo a la cabeza de Enel, Francesco Starace generó reacciones de confianza entre quienes defienden las energías limpias. El nuevo director general de la estatal italiana tendría como misión reducir la deuda de la multinacional y reestructurar la organización.
