Universidades públicas del Cauca y Córdoba, dos de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un Plan Nacional de Paz enfocado en contextos locales y no, según afirmaron, en la visión centralista que ha tenido el Gobierno para resolver este conflicto.
“Nos hemos sentado en cientos de mesas y al final no hemos resuelto nada”. Con estas palabras los ex presos políticos que se encuentran en huelga de hambre exigen que el Gobierno les entregue respuestas concretas a sus demandas, y que se llegue a un acuerdo antes que alguno de los ayunantes complique gravemente su salud.
Que se levante el secreto de los testimonios del Informe Valech, así como el incremento de sus pensiones, entre otras son las exigencias de un grupo de ex presos políticos para deponer la huelga de hambre que llevan a cabo, y que cumple 19 días.
A pesar de que las autoridades han manifestado que el llamado Informe Valech tiene una cláusula de secreto de 50 años sobre las identidades de los testimonios allí codificados, un grupo de ex presos políticos asegura haber dado con un resquicio legal que permitiría develar la información que contiene el reporte.
Se busca que la Presidenta los reciba en La Moneda, donde podrán exponer sus demandas que incluyen, salud, pensiones e indemnización por las torturas vividas en Dictadura.
A través del vocero de los huelguistas de Valparaíso, Héctor Cataldo, los ex presos políticos sostuvieron que la mesa de trabajo propuesta por el Gobierno no asegura que se abordarán las demandas planteadas desde hace más de un mes de ayuno, por lo que continuarán con su medida, a pesar de que los manifestantes de Rancagua, y algunos de la ciudad puerto alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo.
Después de cuarenta días en huelga de hambre, cerca de 100 ex presos políticos lograron firmar un acuerdo con el gobierno. Entre las medidas comprometidas por el Ejecutivo está el establecimiento de una mesa de trabajo que será liderada por el obispo de Rancagua, Alejandro Goic.
El lunes se podría firmar un pacto entre los dos sectores, formando una mesa de diálogo y finalizando con la huelga de hambre.
El presidente de la Asociación de ex prisioneros políticos, David Quintana, anunció que este encuentro se llevaría a cabo durante el viernes o el fin de semana. De la misma forma descartó, por el momento, una posible huelga seca.
El destacado lingüista norteamericano Noam Chomsky le escribió una carta a la Presidenta Michelle Bachelet para que responda a las demandas de los ex presos políticos que llevan más de 30 días en huelga de hambre exigiendo reparación y dignidad.
Un grupo de ex prisioneros políticos llegó a la Catedral Metropolitana para entregar una carta que será enviada al Papa Francisco en el Vaticano. El objetivo es buscar la mediación del pontífice ante el Gobierno de Michelle Bachelet para solucionar el conflicto y poner fin al ayuno que se extiende por más de un mes.
Un grupo de ex prisioneros políticos en huelga de hambre hace poco más de un mes entregó una carta al Vicario de la Pastoral Social, Andrés Moro, para que la dirija a la Santa Sede, con el fin de que el Papa pueda intervenir en favor de sus demandas de mejores pensiones económicas y mejor atención de salud.
Transcurridos 23 días de huelga de hambre, los ex presos políticos están a la espera de una mediación del Obispo de Rancagua, Alejandro Goic, quién recibió la contrapropuesta presentada por los huelguistas de Rancagua. Son cerca de 112 personas que se encuentra en una situación delicada de salud, esperando una proposición satisfactoria.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, Andrés Moro sostuvo que intento de pago por parte del Gobierno a ex prisioneros políticos que mantienen una huelga de hambre hace tres semanas, daña el intento por buscar una solución al conflicto.
Nano Pradenas, vocero de los ex presos políticos que se encuentran en huelga de hambre para exigir al Gobierno que mejore sus pensiones y su acceso a la salud, señaló que los manifestantes comenzarán una huelga seca ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, a quien acusan de tener una actitud “canalla y vil” frente a quienes fueron víctimas de la represión de la dictadura.