El academico de la Universidad de Chile abordó la forma en que el Gobierno ha llevado a cabo las expulsiones de migrantes, y cuestionó la irregularidad con la que se están llevando a cabo los procesos.
Las cátedras de Racismos y Migraciones Contemporáneas; Derechos Humanos; y Amanda Labarca, insistieron en la ilegalidad de las expulsiones propiciadas por el Gobierno en el norte del país. “Denunciamos el odio y el racismo que se practica y se difunde desde falsedades”, señalan.
En total, son 15 los vuelos que el Gobierno tiene programados para agilizar el proceso de expulsión de personas que ingresan a Chile por pasos no habilitados. Al respecto, la directora de Amnistía Internacional en Chile señaló que “están devolviendo a personas a un país que está en una situación muy grave, sin darles la oportunidad de evaluar su situación particular”.
Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una manifestación pública en rechazo a las expulsiones de personas extranjeras organizadas por el Gobierno en el marco de una política que pretende la deportación de 1.500 migrantes que habrían infringido la ley.
La política migratoria impulsada por el Gobierno ha sido criticada por la oposición, organizaciones internaciones de derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pro migrantes. Según el mismo Ejecutivo, para este 2021 se prevé la salida forzada de 1.500 extranjeros que se encuentran en Chile en una situación migratoria irregular.
En conversación con nuestro medio, la Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados analizó la política de expulsiones que ha iniciado el Gobierno y señaló que ellas reúnen todos los requisitos para ser consideradas colectivas, algo que está prohibido por el Derecho Internacional.
“No hay personas ilegales, hay trámites administrativos ilegales”, expresó al respecto el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza. En tanto, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, reiteró la advertencia del Gobierno a las personas que pretenden llegar a Chile por pasos no habilitados. “El llamado es a que lo hagan regularmente”, señaló.
Tras su promulgación el fin de semana, funcionarios de la PDI hicieron firmar al menos a diez personas extranjeras residentes de un albergue de la Plaza Brasil, en Antofagasta, sus propias sentencias de expulsión para los próximos días. Al respecto, la vocera de la Asamblea de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Lorena Zambrano, reiteró la falta de diálogo que tuvo el Gobierno con las organizaciones para la generación de esta nueva normativa.
La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales abordó las medidas que se están tomando a nivel internacional para garantizar la protección de derechos de personas migrantes en Chile.
A través de una declaración pública, agrega que es “una categórica renuncia a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado de Chile que viola la ley y la Constitución de la República”.
Si bien en 2018 el presidente dijo que Chile iba a recibir venezolanos y así honrar un compromiso con la solidaridad, frente la crisis migratoria el Gobierno optó por iniciar un proceso de expulsiones, abandonando el enfoque humanitario y de derechos humanos que requiere la migración.
El INDH denunció que la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones (PDI) desobedecieron a la Corte de Antofagasta al concretar un operativo de expulsión de inmigrantes que Rodrigo Ubilla supervisó este jueves.
