La resolución absolutoria para los diez acusados de colusión en el Caso Farmacias, abrió un debate sobre el rol del Ministerio Público en la investigación, la legislación que permite investigar y sancionar este tipo de carteles y cómo se aplica la justicia en los delitos denominados “de cuello y corbata”.
Este lunes comenzó el juicio del denominado “Caso Farmacias” después de que, hace un año y medio, la Corte de Apelaciones decidiera revocar el polémico acuerdo conciliatorio entre la fiscalía y los imputados. La jornada comenzó con tensiones, que auguran un clima complejo durante los 90 días que duraría el proceso.
El virus que hoy afecta a países del oeste africano ha revelado un poderoso potencial de propagación, alertándonos su letalidad y la ausencia de un tratamiento efectivo. En este reto se da una batalla contra la precaria infraestructura de las zonas afectadas, la pobreza, la ignorancia, la superstición y la actitud de una industria farmacéutica poco dada a investigar allí donde prevé escasos réditos económicos.
Representantes de los gremios de trabajadores de las Farmacias Ahumada y Salcobrand solicitaron una reunión con la ministra Helia Molina a fin de prevenirla de supuestos ‘intentos maliciosos’ para expropiar las remuneraciones de los trabajadores que recibían incentivos por vender productos a los usuarios, que no habían sido recetados. Mientras, dirigentes nacionales denunciaron que esos representantes solo responden a intereses de la industria farmacéutica.
El dirigente de trabajadores de farmacia, Mauricio Acevedo acusa nueva “canela” y anunció medidas de presión para que el gobierno haga efectiva la ley.
Funcionarios de farmacias pidieron a la Inspección del Trabajo que fiscalicen prohibición de la “canela”, un incentivo que catalogan como perverso ya que les obliga a promover ventas por categorías de medicamentos. En tanto, el senador Guido Girardi, que acompañó a los trabajadores, evalúa presentar nueva denuncia por colusión.
Más de un mes de huelga llevan los trabajadores de Farmacias Cruz Verde y aún la empresa no responde a sus demandas de un reajuste salarial y el fin de los bonos por metas de ventas mensuales. Trabajadores piden que autoridades fiscalicen segunda etapa de la implementación de la Ley de Fármacos, la que regularía sus remuneraciones.
El Instituto de Salud Pública está evaluando la puesta en marcha de la nueva Ley de Fármacos que comenzó a operar este viernes. El director del organismo fiscalizó el acceso a las medicinas bioequivalentes y el cumplimiento de la normativa por parte de los médicos.
A punto de ser aprobado quedó el reglamento de la Ley de Fármacos, que en la actualidad se discute en Comisión Mixta, luego de que el Gobierno y parlamentarios opositores alcanzaran un acuerdo en materia de bioequivalentes. El Colegio de Químico Farmacéuticos se mostró disconforme con lo establecido hasta el momento.
La nueva repartición pública estará encargada de catastrar el comportamiento de los precios en los fármacos de nuestro país.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó los alegatos por la admisibilidad de la demanda colectiva presentada por el Caso de Colusión de Farmacias. Las tres empresas involucradas creen que la acción es improcedente, mientras que las partes acusantes reivindican el derecho a la solicitud de indemnización para los afectados.
El miércoles en Comisión Mixta se revisará el proyecto de ley que regula la venta de medicamentos sin receta, luego de que el Senado repusiera indicaciones que no comparte el Ministerio de Salud. Los pequeños farmacéuticos insisten en rechazar que esos se vendan en supermercados.
