Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
La Contraloría General de la República dio a conocer un documento en el que cuestionó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas por casos de financiamiento irregular en campañas políticas. Esto, en medio de las declaraciones del ex director del organismo Michel Jorratt quien acusó presiones por parte del ex titular de Interior, Rodrigo Peñailillo.
La compañía, que controla el 40 por ciento del mercado nacional, teme multimillonarias multas y que las indagaciones del fiscal Emiliano Arias escalen hasta su directorio. Por ello ha desplegado una estrategia para torpedear las investigaciones. Ya tuvieron un éxito: que el fiscal nacional Jorge Abbott accediera a abrir un sumario en contra de su propio fiscal.
Persecutora Pamela Salgado interrogó este martes al exsubsecretario de Pesca Raúl Súnico, en calidad de imputado.
La Fiscalía inició una investigación a partir de la denuncia realizada por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre negociaciones incompatibles de cinco jefes de finanzas de servicios públicos. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott designó al persecutor Raúl Guzmán a cargo de la indagatoria. Mientras, desde el ente fiscalizador anunciaron que estos antecedentes son “solo un anticipo” y que podrían aparecer muchos más casos.
Después de años de denuncias de graves irregularidades en la planificación territorial del borde costero norte, vecinos de la localidad de Los Molles confían en que el Ministerio Público aclare las responsabilidades involucradas.
Se trata de profesionales que desarrollan sus actividades en La Araucanía y han denunciado sistemáticos abusos a las comunidades mapuche. Los abogados defensores aseguran que nuevamente quedará en evidencia el fracaso del Ministerio Público por falta de pruebas en sus acusaciones.
Será la Fiscalía Metropolitana Oriente la encargada de entrevistar al exmandatario que aún no define una nueva aventura presidencial. Además de Piñera, interrogarán a otras diez personas, entre ellas al ex canciller Alfredo Moreno.
A solicitud de la Fiscalía, los controladores del Grupo Penta volverán a ser formalizados durante el mes de marzo. En la audiencia también se formalizará al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y a otras nueve personas.
”Más que una prueba es un conjunto de ellas que van a ir generando convicción y todas están en la acusación, porque aportan al contexto”, explicó el fiscal jefe de Coyhaique, Luis González.
La medida fue ingresada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara Alta, en el marco de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia. Persecutores arriesgan hasta 541 días de presidio.
La solicitud surge por la necesidad de esclarecer diligencias pendientes para incluir en la carpeta. Abogados querellantes y expertos en transparencia adelantan que de no sumar nuevos tiempos, sería un mal precedente que afectaría directamente a la credibilidad de la institución y de la justicia chilena.
Según acusa el concejal Jaime Castillo y el ex edil Pablo Vergara, se aceptó la oferta más cara para el retiro de basura, que entregaba la empresa KDM donde trabajaba el hermano del ex alcalde. Por lo tanto, “el municipio pasó de pagar 98 millones de pesos a 167 millones de pesos por la recolección de basura; y de 50 millones de pesos a 91 millones de pesos por el barrido de calles”,
Mientras los defensores le cuentan al nuevo fiscal las líneas que seguirán sus argumentos, los querellantes pretenden corroborar cuál es el equipo de persecutores que se quedará con la investigación, luego que Solange Huerta abandonara su cargo para ser reemplazada por José Luis Pérez Calaf.
La defensa de Pablo Wagner espera concretar un acercamiento formal con la Fiscalía para abordar la posibilidad de llegar a una salida alternativa. El ex subsecretario de Sebastián Piñera enfrenta cargos por fraude tributario, lavado de activos y cohecho.
A las 9 de la mañana será recibido por los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias, quienes le preguntarán por el presunto financiamiento de SQM a su campaña política y los 362 millones de pesos que su ex colaborador recibió de parte de la filiar salar de la minera no metálica.
La decisión se tomó luego de e comenzar el trámite de admisibilidad del requerimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
