Aunque la cifra ha aumentado respecto al último balance entregado por la Fiscalía, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que, hasta el final de las investigaciones, no corresponde anticipar si se trataron o no de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.
El Misterio Público, el Servicio Médico Legal y Carabineros se encuentran trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
En el caso de un joven muerto en la carretera en las cercanías de Curicó, se suma una querella particular, patrocinada por el abogado Carlos Gajardo, en contra de un soldado del Regimiento Bellavista de Santiago que fue imputado por el homicidio y se mantiene en prisión preventiva.
El jefe del Ministerio Público acogió la propuesta del fiscal regional de Antofagasta, Sergio Ayala y decidió la máxima sanción para el persecutor de O’Higgins: sus suspensión de hasta dos meses con goce de media remuneración hasta la activación de procedimiento ante la Corte Suprema para removerlo.
Parlamentarios del Partido Socialista, la Democracia Cristiana e independientes llegaron hasta el despacho del Fiscal Nacional, Jorge Abott, para exigir que se cite a la ministra Vocera de Gobierno, en su calidad de funcionaria pública, ya sea como testigo o imputada, y que explique ante el Ministerio Público los antecedentes que la llevaron a vincular al PS con el narcotráfico.
Por su parte, el presidente del Capítulo Regional Centro Norte de la Asociación de Fiscales, Roberto Rabi, criticó el estancamiento de recursos destinados al Ministerio Público, esto, pese al aumento de las expectativas y exigencias.
El fiscal Arias es investigado luego de que en abril pasado el fiscal Sergio Moya lo acusara de delitos de falta a la probidad, tráfico de influencias, trato preferente, y uso de información privilegiada, entre otros.
Desde la organización interpelaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que den explicaciones del porqué las policías y el Ministerio Público han fallado en la búsqueda de culpables en casos de femicidios como el Fernanda Maciel, Nicole Saavedra o Ximena Cortés.
El séptimo Juzgado de Garantía determinó entregar un plazo de 180 días para la investigación por el delito de lavado de activos cuyo ilícito base sería el enriquecimiento ilícito de Juan Miguel Fuente-Alba, quien fuera Comandante en Jefe del Ejército desde 2010 a 2014.
La causa está a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Tania Sánchez, quien ya se encontraba investigando otra denuncia de la subcontralora Dorothy Pérez en contra del contralor Jorge Bermúdez.
Ahora, el Ministerio Público cuenta con un plazo de diez días (a contar del jueves 9 de mayo) para presentar las acusaciones y que se de inicio un juicio oral por el homicidio del comunero mapuche.
Así lo expresaron en una carta dirigida al fiscal nacional Jorge Abbott. Campos, quien dirige la indagatoria contra Emiliano Arias por las denuncias de Sergio Moya., declaró estar “absolutamente tranquilo”.
El abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente aseguró que Jorge Abbott no ha sabido llevar de la mejor forma la conducción del Ministerio Público, lo que le ha impedido calmar la situación. Además, comentó que es necesario hacer cambios en la Ley Orgánica Constitucional de la institución, y con ello garantizar el fin de los “amiguismos” en los nombramientos.
La información fue dada a conocer este lunes a través de un breve comunicado publicado en el sitio web de Fiscalía Nacional.
Arias ya fue notificado de la noticia, que viene luego de que Sergio Moya, persecutor adjunto de la misma región, lo denunciara por tráfico de influencias, obstrucción a la investigación contra el juez de la Corte de Apelaciones Mario Elgueta, ocultamiento en la causa del Teatro Regional de Rancagua y violación de secreto en una causa que llegó a O’Higgins desde Puerto Montt.
Así lo confirmó Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien consideró a Campos -quien tiene como antecedente haber investigado el fraude en Carabineros- como “un fiscal con bastante experiencia en materia de investigación en temas de corrupción”.
El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile criticó el anuncio del Gobierno de que estudiará realizar modificaciones al sistema actual de designación, evaluación y control de jueces y fiscales. “Cuando usted necesita un acuerdo de todos, ese alguien a quien le conviene como funciona el status quo, se niega”, señaló Atria.
