Todos coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del presupuesto de las FFAA, a la luz de lo ocurrido con la Ley Reservada del Cobre. “Nadie quiso mover a las FFAA por temor a ejercicios de enlace, boinazos u otro tipo de cosas”, señalaron.
El parlamentario por la región de Magallanes afirmó además que lo único que garantizará la participación ciudadana en el proceso “es la ciudadanía misma. Respecto del futuro de la reforma a la educación superior criticó la falta de coordinación entre el Mineduc el área político – económica del Palacio de La Moneda.
Movimientos sociales agrupados en la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, junto al diputado Gabriel Boric, hicieron un llamado a rechazar el proyecto de Ley de Glaciares, y legislar para asegurar su protección y preservación.
A través de la página del Observatorio Contra el Acoso Callejero, los diputados Jackson, Boric, Camila Vallejo y Marcela Sabat hicieron un llamado para que la ciudadanía apoye la sanción del acoso callejero. Los parlamentarios reflexionaron sobre las consecuencias de este tipo de violencia de género, asegurando que en Chile, muchas de estas cosas se permiten por patrones culturales que las califican de floclóricas o coquetas.
Diputado Gabriel Boric valoró la decisión del organismo que busca esclarecer trabajo de la empresa AM Patagonia y el uso de recursos públicos
Al finalizar la votación la ministra Adriana Delpiano sostuvo que no supieron comunicar “suficientemente bien” los cambios que tuvo esta iniciativa.
El diputado de la Izquierda Autónoma se refirió al nuevo impulso que ha tomado el Gobierno en materia de reformas, específicamente sobre la nueva Constitución, asegurando que es inaceptable el nivel de ambigüedad con la que la administración se ha tomado el proceso de generar una nueva Carta Magna para el país.
Hasta un poco más de 48 millones de pesos podría gastar el Congreso Nacional en una asesoría de imagen para enfrentar el descrédito ciudadano que proviene de los casos de corrupción conocidos en el último tiempo. Parlamentarios y expertos cuestionan la licitación pública acusando a la elite política de no entender el origen de la crisis de las instituciones.
Educación y desafíos de Adriana Delpiano y aportes de empresas a campañas políticas fueron parte de los temas analizados por el parlamentario de la Izquierda Autónoma. Para quien es fundamental que el Gobierno deje de ver a los actores sociales como sus enemigos.
La moción parlamentaria del grupo de diputados a favor de la asamblea constituyente comienza su discusión este martes. Desde sectores de gobierno en conjunto con independientes, hacen un llamado a que se consulte al pueblo qué tipo de país se quiere construir.
A partir del 2016, con la implementación de la reforma docente, los alumnos que deseen estudiar pedagogía deberán alcanzar 500 puntos en la PSU o pertenecer al 50 por ciento superior del ranking de notas. Con estos requisitos, las casas de estudio que actualmente no exigen puntajes en la Prueba de Selección Universitaria, no podrán impartir esta carrera. Las cifras de cierre de escuelas de pedagogía podrían aumentar ya que a los programas se les exigirá estar acreditados y hasta enero de este año, solo 376 de ellos contaban con la aprobación de la Comisión Nacional de Acreditación.
Evidenciar la crisis política e institucional que atraviesa el país, llamar al Gobierno a que incluya a la ciudadanía en los cambios que se requieren y cambiar la constitución heredada de la Dictadura fue el mensaje que entregaron las 180 mil personas que se manifestaron en las calles de todo el país durante este jueves. Es así que los estudiantes, profesores, trabajadores, músicos, pobladores y dirigentes sociales dijeron basta a la corrupción, bajo el lema: “Que los corruptos no decidan lo que Chile necesita”.
El diputado hizo un llamado a la ciudadanía para concretar la asamblea constituyente como cambio constitucional. En otros temas, argumentó que es necesario regular de mejor forma la relación que existe entre el dinero y la política para evitar que algunos empresarios se sientan “por sobre la ley”.
Diversas reacciones a nivel político ha generado la propuesta que el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, puso sobre la mesa: acabar con el fuero parlamentario. Si bien se observa disposición de los legisladores de avanzar en esa línea, se expresan también una serie de trabas a la opción del Juez Muñoz. En ese sentido, los parlamentarios más jóvenes e independientes del Congreso acusan “resistencia de la clase política tradicional”, en un intento de continuar con mecanismos que los perpetúan en el poder.
El ex candidato presidencial negó haber recibido recursos del grupo empresarial, como lo dijeron Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. El caso sigue generando reacciones y declaraciones cruzadas entre parlamentarios, Gobierno y oposición.
Parlamentarios y representantes de organizaciones que defienden la Asamblea Constituyente, manifestaron sus críticas a autoridades de Gobierno por sus intentos de descartar una nueva Carta Fundamental verdaderamente democrática.
En el programa de gobierno se propusieron una serie de reformas que, en principio, debían ver la luz en 2014: Reforma a la Salud, Previsional, Código de Aguas y Nueva Constitución. Sin embargo, en el camino se fueron entrampando o dieron paso a otros proyectos prioritarios, lo que llevó al Gobierno a no querer abrir más flancos de críticas que las que ha debido enfrentar por las reformas Tributaria y Educacional, que más de un dolor de cabeza le han reportado al Ejecutivo. Diputados y actores de la sociedad civil enjuician estas promesas inconclusas.
