En la jornada, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. “Tuvimos una muy buena conversación para intercambiar información, impresiones, pero fue un encuentro donde se ha reafirmado el compromiso con la agenda de los derechos humanos en el centro de la atención y la preocupación con la vida de las personas”, dijo el representante del organismo internacional.
La cita se da luego de las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien sostuvo que los jueces “recién ahora han manifestado su voluntad de participar”.
A través de un anuncio desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, expresó que se harán públicas las agendas de los ministros de diversas instancias, así como las audiencias de concursos a cargos.
Sobre el reciente proyecto revisado por el Tribunal Constitucional, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, explicó que no se puede enfrentar “sino considerando todas las cuestiones que pueden incidir”. Así mismo, aceptó la posibilidad de penalizar el negacionismo de las violaciones a los Derechos Humanos.
El presidente del máximo tribunal del país expresó en su discurso ante los nuevos abogados que tomaron juramento ante el Pleno, su inquietud respecto de las consecuencias de la acusación constitucional a los ministros de la sala penal. “Cada uno de estos poderes puede actuar solo en las materias propias de su área, lo que también puede decirse afirmando que no es lícito que alguno de estos poderes intervenga en la cuestiones que privativamente han sido encomendadas a otro”.
Esto, después de que el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reuniera con el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.
Haroldo Brito manifestó que la decisión del Ejecutivo podría incidir en la mantención de algunas contratas muy significativas, aún así, el presidente Sebastián Piñera insistió en las dificultades de la caja fiscal.
La sentencia hace aplicación de principios internacionales en materia de Derechos Humanos, como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión del máximo tribunal obedece a la obligación de no-discriminación y la garantía de los derechos humanos para todas las personas”.
El presidente de la Corte Suprema expuso que se pretende “incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en la resolución de los asuntos (…) particularmente en lo jurisdiccional, a través de herramientas que permitan a magistradas y magistrados considerar estos criterios, particularmente en la apreciación de la prueba, pues este conjunto han de facilitar la identificación de estereotipos que deben ser repelidos por el juzgador”.
El hasta ahora presidente de la Cuarta Sala (laboral) de la Corte, asumirá sus nuevas funciones el 6 de enero de 2018. Considerado como un férreo defensor del principio pro trabajador, en su discurso de aceptación manifestó su interés por reanudar el proceso de reforma de la justicia civil y expresó su parecer respecto de la justicia militar especializada.
