El alcalde de Recoleta se encuentra en prisión preventiva desde el 03 de junio en el Anexo Capitán Yáber, luego de ser formalizado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.
La defensa del edil de Recoleta anunció que presentará una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que sostienen que “las resoluciones emitidas por la justicia chilena atentan contra la soberanía popular”.
La decisión del organismo se remonta a las elecciones parlamentarias de 2021, donde el entonces exdiputado llamó a votar por Enzo Morales, en lugar de la carta impulsada por su propia colectividad.
La tienda se refirió a la prohibición de ingreso del exdiputado y abogado de DDHH y aseveró que “atenta contra el derecho de cualquier persona al libre tránsito”.
El fallecimiento de Pablo Marchant Gutiérrez en Carahue a manos de Carabineros, provocó declaraciones de todo el ambiente político condenando el hecho y lamentando que se registre un hecho tan grave a sólo horas de emitida una declaración de la Convención Constituyente pidiendo la desmilitarización del Wallmapu.
Con marchas y ofrendas florales convencionales constituyentes llegaron al edificio del Congreso Nacional donde se desarrollará la ceremonia.
Los representantes anunciaron que propondrán un artículo transitorio cuando se inicien las sesiones de la convención para permitir la liberación de los detenidos a raíz de las manifestaciones. Además, calificaron de “errática” la conducción del Instituto.
El exdiputado y candidato a la convención constitucional enfrenta un proceso en su contra por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada.
Por siete votos contra uno, el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de parlamentarios de Chile Vamos.
Consultado por el caso del diputado Gutiérrez, el experto en derecho constitucional comentó que aunque hoy es necesario respetar la legislación vigente, en el futuro debería evaluarse cambiar este tipo de casos a la revisión de otro organismo.
El parlamentario fue acusado por sus pares de Chile Vamos por, presuntamente, haber incitado a la alteración del orden público, por lo que solicitaron su destitución.
El parlamentario por Tarapacá señaló que la acción se basa en la resolución del Primer Mandatario de decretar un estado de excepción constitucional en democracia. “No es posible no responsabilizar a Piñera de declarar el estado de emergencia y sacar los militares a la calle”.
