En seis ciudades del país ex prisioneros políticos durante la dictadura cívico-militar ocuparon los edificios del Instituto de Derechos Humanos para reclamar soluciones a sus demandas. Entre ellas está el fin del secreto de 50 años de los nombres de los torturadores establecido por la Comisión Valech, además de dar pensiones dignas. 15 mil personas han muerto esperando respuestas.
Las familias de Ñancul junto a un parlamentario por la Región de La Araucanía solicitaron que el Ministerio de Salud declare alerta sanitaria en esta localidad, ubicada en Panguipulli, por contaminación de las aguas con fierro y manganeso.
Por más de dos años los vecinos de la localidad de Ñancul, ubicada en la comuna de Panguipulli, en la Araucanía, se han visto afectados por la turbiedad del agua potable que abastece sus hogares. En los colegios de la zona también se dio la orden de que ningún estudiante bebiera de esta agua.
“Independiente de que esto tenga presuntamente un aval médico y esté protocolizado, esto no puede ser incompatible con la dignidad humana. Nosotros estamos fijando los límites de lo que no puede pasar y eso es lo que se muestra en los videos y en los relatos de los funcionarios del centro de Coanil”, sostuvo el director del INDH, Branislav Marelic.
La resolución del máximo tribunal afirmó que la actuación de Carabineros “afectó derechos de diferentes personas, entre ellos varios niños, que no son parte de la respectiva investigación penal”.
El recurso fue presentado por el Instituto de Derechos Humanos de Antofagasta y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en favor de tres jóvenes peruanos expulsados por una orden de la Intendencia Regional. Los estudiantes habrían sido detenidos por poseer libros de marxismo y anarquismo.
Nueve gendarmes fueron condenados por apremios ilegítimos contra internos en Calama. El hecho se suma a una lista de denuncias que acusan torturas y malos tratos de parte de la institución. Querellantes sostienen que hay un abuso de la fuerza por parte de los organismos que ejercen control.
El Tribunal desestimó los argumentos presentado por el INDH por que carabineros actúo conforme a sus atribuciones y facultades. Vicente Montecinos indicó que “con estas resoluciones judiciales, sumadas a las presiones que ejerce el sector empresarial, se valida sistemáticamente el atropello tanto a las personas mapuche como a los profesionales de la comunicación”.
En base a un informe realizado por el Ministerio de Justicia al interior de recintos del Sename, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, agregó que resulta fundamental reformar la institución con un enfoque en los derechos de los niños y adolescentes.
El director de la entidad aseguró que ninguna de las recomendaciones hechas durante la última década al servicio ha sido aplicada por las autoridades. Mientras, la comisión investigadora sobre Sename se concentrará a partir de marzo en las responsabilidades institucionales que tendría el organismo respecto de la red de explotación infantil que operó en Freirina.
El Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos además visitaron a la machi Francisca Linconao y a los otros cinco presos de la cárcel de Temuco que habían iniciado huelga de hambre para exigir la liberación de la autoridad mapuche. Ahora, ambas instituciones entregarán informes médicos y técnicos de cada situación.
“Es importante que las autoridades comprendan que en el caso de la Machi Francisca Linconao no hay tiempo, ni siquiera una semana, para tomar las decisiones que deben ser tomadas por las autoridades”, señaló Enrique Morales del departamento de DDHH del Colegio Médico.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, anunció ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja, que el organismo realizará un análisis en el que pretende visitar el 65 por ciento de las residencias del Servicio Nacional de Menores.
Esa es una de las conclusiones del Informe 2016 sobre el estado de los Derechos Humanos en nuestro país, elaborado por el Instituto Nacional en la materia y que comentó su director Branislav Marelic. Al respecto el abogado sostuvo que “independiente del modelo el sistema debe garantizar una vejez digna para las personas”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó su informe 2016. En la ceremonia la Presidenta dijo sentir vergüenza porque la institucionalidad no garantiza estos derechos.
El pasado 11 de noviembre se promulgó la Ley 20.968, la cual además de tipificar el delito de tortura en Chile, modifica las competencias de la Justicia Militar, definidas en la Ley 20.477, estipulando que en adelante ningún civil, ya sea como imputado o víctima, podrá ser procesado en tribunales militares.
Tanto reos como gendarmes están sometidos a condiciones de vida paupérrimas en las cárceles, según señala un informe preliminar del INDH sobre la situación en los presidios. Desde la Asociación de Suboficiales de Gendarmería aseguraron que este tema no es prioridad para la clase política ya que “no genera rédito electoral”.
“En Chile todavía se tortura”, fue la conclusión a la que organismos de derechos humanos llegaron luego de que se conocieran las cifras que indican un aumento en las denuncias sobre estos casos, por lo que hicieron un llamado a que el Estado promulgue a la brevedad el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura como forma de cambiar la cultura de las instituciones políticas en nuestro país.
