El director interino del INE, Juan Eduardo Coeymans, asistió a la sesión de la comisión investigadora por las falencias del Censo 2012. El actual jefe del servicio fue emplazado por firmar contratos con personas desconocidas en este organismo. Los diputados critican que Coeymans ha cambiado su versión del proceso, mientras el economista mantiene su defensa de esperar el informe de los expertos internacionales.
Este lunes la Comisión Investigadora del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) escuchó nuevas versiones por el caso del censo 2012. Concurrieron a declarar la ex subdirectora Técnica del organismo, Marcela Cabezas, y de la ex jefa del Departamento de Comunicaciones de esa institución, Marcela Martínez, quienes ratificaron la tesis de manipulación de datos y dieron cuenta de un grupo de asesores externos al Servicio involucrados en el caso.
Mariana Alcérreca aseguró que hubo manipulación de datos en las cifras del Censo entregadas en abril de este año y añadió que ella en persona le comunicó de las irregularidades al jefe de gabinete del entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira.
Francisco Labbé cuenta con un nuevo proceso judicial en su contra por la polémica situación generada por el Censo 2012, una querella presentada por el senador Camilo Escalona. Por otra parte, especialistas debaten sobre las medidas que se deben tomar para rescatar el patrimonio estadístico necesario para la implementación de políticas públicas, aunque la posibilidad de una reparación de la encuesta va tomando fuerza.
Diputado Juan Carlos Latorre quiere “que aclare esta sorprendente opinión y los motivos que tuvo para llegar a ella”. Por su parte Gabriel Silber dijo que “se terminó el trabajo del profesor universitario y matemático y apareció el operador político del gobierno que sólo busca una solución comunicacional”.
La comisión investigadora del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que revisa las irregularidades denunciadas en el Censo 2012, determinó hacer público el documento con el que el ex director, Francisco Labbé, respondió a los parlamentarios.
Entre las denuncias está que asesores de confianza del ex director Francisco Labbé solicitaron saber anticipadamente los resultados del IPC, lo que implicaría recibir información privilegiada. Este martes la comisión determinará cuándo hace púbica la declaración escrita entregada por Labbé.
El ministro de Economía, Fomento y Desarrollo, Félix de Vicente, llamó a proteger la función y la autonomía del instituto de estadísticas, llamando a los parlamentarios a aprobar la iniciativa que fortalece estas características, como es el proyecto de ley del INE autónomo.
Por escrito respondió el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, a las preguntas y críticas hechas por la comisión de diputados que investiga el fracaso del Censo realizado el año pasado. La ex autoridad mandató a un abogado para que entregara sus descargos en un documento, aunque aclaró que sí está llano a comparecer ante la comisión investigadora, una vez que esta instancia haya leído sus respuestas.
Un abrupto cierre tuvo la sesión de la comisión investigadora que investiga las irregularidades en el INE y en el Censo de Población y Vivienda 2012. Funcionarios que prestaban declaración tendrán que volver a una nueva reunión, en la que podrían coincidir con el ex director del organismo, Francisco Labbé.
Las declaraciones que Francisco Labbé hizo contra la Comisión Revisora Externa del Censo y en particular contra David Bravo, del Centro de Microdatos de nuestra casa de estudios, encontró inmediatas respuestas en la Cámara de Diputados. También desde el Palacio de la Moneda desmintieron al ex directivo que tendrá que declarar en la comisión investigadora en la materia.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondió a las declaraciones emitidas durante el fin de semana por el ex director del INE, Francisco Labbé, en donde insistió en que no se cometió ningún error durante el Censo 2012. “Tenemos una visión distinta con Labbé. No comparto sus impresiones. Obviamente todo el país supo que se iba a hacer un cambio de metodología, pasando de un Censo de hecho a uno de derecho”, sostuvo el secretario de Estado.
