La entidad se sumó a la preocupación ante la violencia en el norte de Chile y la crisis humanitaria con una declaración pública en contra de la criminalización a la población migrante.
Los diputados Gael Yeomans y Leonardo Soto señalaron que los problemas migratorios en el norte del país se deben a las malas políticas del Gobierno y no a que un grupo de legisladores presentara un requerimiento en el Tribunal Constitucional respecto de algunos artículos de la nueva Ley de Migraciones. Desde el entorno de Gabriel Boric insisten en que no van a entrar en polémicas con la actual administración, la que puntualizan debe gobernar hasta el 11 de marzo.
Delgado subrayó que la dotación de carabineros se mantendrá en la zona, al menos, hasta el 11 de marzo, día en que el actual Ejecutivo deja La Moneda y asume el gobierno electo de Gabriel Boric.
“Tenemos una agenda, primero con los gremios, después con algunas juntas de vecinos de distintas comunas, vamos a estar también con el alcalde de Iquique, con el gobernador, con el delegado y, durante la tarde, vamos a estar en la capacitación a Carabineros”, adelantó el secretario de Estado.
Mientras que la agresión sufrida por una pareja de Carabineros desencadenó el malestar de la ciudadanía iquiqueña que hoy realizó una jornada de protestas por el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria en el norte del país, ya aparecen voces que señalan que la actual situación es un reflejo del abandono por parte del Estado.
Rodrigo Delgado advirtió además que durante su estadía en Iquique firmará decretos de expulsión de extranjeros detenidos por tráfico e ingreso ilegal al país, al tiempo que llamó a organizaciones humanitarias a no presentar recursos de amparo a favor de estas personas. Más temprano la futura titular de esa cartera, Izkia Siches, lo había emplazado a que dijera qué haría el Gobierno frente a un problema que reconoció es complejo.
Tacos de varios kilómetros y cierre del aeropuerto Diego Aracena de la capital regional. El alcalde de la comuna, Mauricio Soria, sostuvo que “el Gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra”.
En concreto, apuntaron hacia una falta de regulación en el ingreso de extranjeros por los pasos fronterizos, lo que ha conllevado a una alta ocupación de los espacios públicos, particularmente en ciudades de la Región de Tarapacá.
Este nuevo operativo recuerda a los hechos acontecidos hace unos meses, desde donde aún no se entregan respuestas ni soluciones a la crisis migratoria que afecta al norte del país.
La Contraloría General de la República aprobó un decreto que extiende el plazo entregado por el Ejecutivo para incentivar la salida del país de extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados, mientras diversas organizaciones sociales exigen “que de una vez por todas se habilite una vía para la regularización migratoria de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de irregularidad”.
Docente de la UTA, Nanette Liberona, acusó un intento por responsabilizar a la población venezolana en la zona de alterar el orden en la región. Además, advirtió que llevarlos a un campamento cercano al aeropuerto de Iquique buscaría facilitar proceso de expulsión adelantado por el Gobierno.
El subsecretario del Interior Juan Francisco Galli señaló que a este fenómeno “hay que darle una mirada de Estado”. Esto, durante la sesión especial convocada por el Senado tras los incidentes ocurridos en Iquique.
