Este martes la comisión investigadora del fraude en Carabineros terminó sin responsabilizar ni sancionar al general director de la institución Bruno Villalobos por a malversación que hasta el momento supera los 26 mil millones de pesos. Los diputados oficialistas Sergio Espejo y Leonardo Soto señalaron que no estaban de acuerdo con la decisión.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana se refirió al reciente dictamen de Contraloría que verificó fallas graves en el control de las armas en poder de la institución, lo que sumado a los millonarios desfalcos al interior de la orden, darían cuenta, a su juicio, que la crisis en la policía uniformada sea “profunda y sin precedentes”.
Parlamentarios criticaron el rol que ha tenido el Gobierno, así como la falta de responsabilidades políticas en el millonario fraude en Carabineros que hasta la fecha supera los 26 mil millones de pesos. Además, los legisladores reiteraron sus cuestionamientos a la permanencia de Bruno Villalobos al mando de la institución.
Con seis votos a favor y tres en contra, la instancia aprobó el proyecto de ley que busca ampliar el control preventivo de identidad a menores de 18 años y mayores de 16 años. Esto pese a las críticas de organismos especializados que consideran que el mecanismo puede vulnerar los derechos de los adolescentes, sumado a los cuestionamientos del Ministerio Público sobre la efectividad de la aplicación de este mecanismo en adultos.
El diputado socialista y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana criticó la iniciativa presentada por la llamada Bancada Transversal por la Seguridad Ciudadana que busca ampliar el control preventivo de identidad a adolescentes. Además, organismos alertan sobre los estereotipos y estigmatizaciones que este mecanismo puede generar.
En el marco de la reforma previsional que está impulsando el Gobierno y luego que se conociera la existencia de millonarias pensiones de invalidez otorgadas a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas (FFAA), la presidenta Michelle Bachelet convocó a mediados de este mes a una mesa de trabajo para revisar el tema. Para el economista Patricio Guzmán, más allá de esta instancia, “deben existir decisiones políticas para hacer leyes adecuadas”.
La decisión del Tribunal Constitucional dio paso a la emoción y la pena. Entre los partidarios del proyecto aseguran que es un “salto civilizatorio” para Chile; mientras que sus opositores lamentaron la decisión. Solo el próximo lunes se sabrá si el TC amplió la objeción de conciencia a las instituciones, o la prohibió totalmente.
Los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Leonardo Soto (PS) se refirieron a los permisos otorgados por el juez Mario Carroza a los ex militares procesados por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Caravana de la Muerte. Juan Emilio Cheyre y Jaime Ojeda Torrent saldrán del país por diversos motivos, hecho que motivó cuestionamientos a la justicia por parte de los parlamentarios, que estimaron que hubo falta de prolijidad al otorgar estas regalías.
Después de que no se aprobara el proyecto original que permitía que se publicara contenido del informe, este jueves un grupo de diputados liderado por el comunista Hugo Gutiérrez presentó una nueva moción para que los testimonios puedan ser conocidos al menos por la Justicia. En tanto, los diputados Leonardo Soto y Tucapel Jiménez cuestionaron a sus pares que rechazaron la iniciativa, que contrasta con sus permanentes discursos a favor de los Derechos Humanos.
El diputado del PS criticó a los personeros del oficialismo que han postulado el término del “espíritu común” en el oficialismo: “Son declaraciones que buscan el lucimiento propio”, aseguró.
El parlamentario criticó la aprobación de esta cuestionada norma que contiene aspectos rechazados por diversas organizaciones como el control preventivo de identidad. Además confirmó que la bancada socialista acudirá al TC para impugnar la ley.
Si bien el control de identidad preventivo fue aprobado por la comisión mixta, ahora aplicable exclusivamente a mayores de 18 años, tanto parlamentarios como juristas criticaron este mecanismo. “Se va a hostigar a personas por la sola voluntad de los agentes policiales”, señaló el jurista Jaime Winter.
