El parlamentario señaló que no se puede esperar una actitud diferente de Chile Vamos, pero estimó que en varios temas es necesario llegar a acuerdos. Respecto a los indultos, dijo que no serán revertidos más allá de los costos generados al Gobierno.
La tortura es uno de los crímenes que más significativamente lesiona a la comunidad internacional por los alcances de sus efectos y atentar no solamente contra el bienestar físico y emocional de la persona que la sufre sino además, por ser capaz de lesionar tanto la dignidad como la voluntad de grupos de especial protección. […]
El abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, subrayó que la decisión anunciada por la fiscalía de la Corte Penal Internacional de no continuar con el examen de la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente Sebastián Piñera, no es definitiva y se puede reconsiderar si se presentan nuevos antecedentes. El representante comentó que hay información suficiente para continuar con el caso y que se sancione al mandatario por los delitos cometidos por agentes estatales después del 18 de octubre de 2019.
La entidad solicitó un nuevo persecutor con dedicación exclusiva luego que la Fiscal Regional de Valapraíso, Claudia Perivancich, fuera designada para estudiar los presuntos delitos de cohecho y soborno en la venta de la participación del mandatario en Minera Dominga.
El general director de Carabineros es apuntado como responsable, autor y/o encubridor en al menos dos denuncias por crímenes de lesa humanidad que investiga la fiscal regional de Valparaíso.
La acción del bloque en contra Sebastián Piñera y otras autoridades es muy similar a la que presentaron 16 abogados de la Defensoría Popular a principios de noviembre y que hoy investiga la fiscal regional de Valparaíso.
Mientras las miradas están fijas en la acción constitucional que enfrenta Sebastián Piñera en el Congreso, el Ministerio Público ya ha tomado declaración y oficiado a distintas instituciones y autoridades, esto, en el marco de la investigación de la querella por crímenes de lesa humanidad y genocidio que interpusieron 16 abogados en contra del mandatario.
Durante la mañana de este lunes, la familia del ex mandatario apeló a la sentencia por su homicidio con el objetivo que el crimen sea un homicidio calificado y se aumenten, de esta manera, las condenas. Además, quieren que este magnicidio sea considerado un crimen de lesa humanidad, lo que permitiría que el delito sea imprescriptible y, por tanto, se pueda seguir buscando otros involucrados en este caso.
Revisamos las condenas y los motivos que llevaron a la cárcel a los siete reos que esta semana fueron liberados por una resolución de la Corte Suprema. Detenciones, torturas y desapariciones aparecen dentro de los currículum de los ex agentes del Estado beneficiados con la medida. Carmen Hertz (PC) se lo atribuye a lo que denominó como “ignorancia crónica” de la justicia chilena.
Este miércoles la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos dejó un documento en Contraloría solicitando que el organismo reconsiderara su decisión de eximirse en la toma de razón de indultos otorgados por la presidencia. El derecho internacional respalda la visión de que a quienes cumplen penas por crímenes de lesa humanidad no se les debiera conceder ningún tipo de beneficios.
El hijo del Edecán junto con el abogado Eduardo Contreras, lideran una iniciativa inédita: que la justicia chilena tipifique como un crimen de lesa humanidad un asesinato ocurrido antes del 11 de septiembre. De esa forma podrán levantar la prescripción y reabrir el caso para encontrar a los verdaderos responsables del asesinato del Edecán Naval Arturo Araya.
El Estado deberá pagar una indemnización total de más de 4 mil 500 millones de pesos a un grupo de ex prisioneros de la dictadura que estuvieron en el centro de detención de Isla Dawson.
El eventual cierre de Punta Peuco pone de relieve los privilegios que han tenido los militares condenados por violaciones de derechos humanos en el periodo postdictatorial. El fin de dichos beneficios y la creciente victimización de aquellos que torturaron condimentan una discusión que tiene plazo de cierre.
Abogados y víctimas de violaciones a los derechos humanos critican la petición de las viudas de los escoltas de Pinochet de procesar a Guillermo Teillier por el atentado ocurrido en 1986, como un delito de lesa humanidad. “El Estado no ejerció violencia, tortura o fuerza desmedida contra esos escoltas, eso fue una decisión política”, recalcó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
