El director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile cuestionó la iniciativa que hoy promueve el Gobierno, ya que no abarca todos los aspectos necesarios para que la iniciativa sea realmente efectiva en un contexto de prevención de acciones violentas, como la ocurrida recientemente en la Comisaria de Huechuraba.
La académica y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Javiera Olivares; el sociólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago Ortúzar; y el sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia, analizaron los hechos más relevantes en el plano nacional e internacional y que marcan la agenda noticiosa.
En medio del debate por apurar las modificaciones a la Ley Antiterrorista, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con el senador Francisco Huenchumilla, quien aseguró que se debería intentar prevenir ese tipo de delitos en vez de darle más atribuciones a los fiscales.
Para el 25 de junio quedó fijada la audiencia contra el líder mapuche acusado por la Fiscalía de participar en un asalto a la caja de compensación “Los Héroes” en abril de 2018. Desde agosto de ese año, los comuneros permanecen privados de libertad, sin ningún tipo de beneficio carcelario.
En los próximos días, la Corte Suprema revisará el mecanismo para revocar la sentencia que condenó a comuneros mapuches bajo esa normativa. Pese a las recomendaciones y dictámenes de organismos internacionales, el Gobierno insistirá en reformar la ley utilizada principalmente contra comunidades mapuche.
La reforma, que el gobierno presentó en marzo de 2018, contempla la incorporación de nuevas técnicas investigativas tales como agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas e interceptaciones de comunicaciones, entre otros.
La mañana de este jueves la organización con presencia en diversos países presentó su informe sobre la Ley Antiterrorista, en el que se deja de manifiesto la violación de los derechos humanos de los imputados en los Casos “Luchsinger Mackay” e “Iglesia”. Además, culpa al Estado chileno de estigmatizar a este pueblo originario.
La abogada ha sido blanco de presiones de Fiscalía y policías por su defensa a mapuches procesados por Ley Antiterrorista, lo que ha motivado la urgente preocupación de organismos de Derechos Humanos que temen por su integridad.
El senador demócrata cristiano aseguró que lo planteado por el Gobierno se apoya en una moción parlamentaria inconstitucional, además declaró, que no hay claridad de las fuentes de financiamiento de la normativa.
Tres de los once acusados por la muerte del matrimonio fueron sentenciados como autores del delito de incendio con resultado de muerte con carácter Antiterrorista. Para la abogada defensora, Manuela Royo, el fallo tuvo motivaciones políticas.
Además, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos llamó a las autoridades de Chile a absolver a la machi Francisca Linconao y a los mapuches procesados bajo la Ley Antiterrorista.
El intendente de la zona, Luis Mayol, confirmó la querella contra los responsables bajo el uso de la ley Antiterrorista.
Ante las modificaciones anunciadas por el presidente a la cuestionada legislación, son distintos los antecedentes que pesan sobre el Estado chileno en las que se cuestiona la forma y la aplicación de la ley, la que se ha utilizado principalmente contra mapuches.
La experta en política indígena apuntó a que la aplicación de la Ley Antiterrorista demuestra una visión reducida al tema de fondo, por ello, enfatizó en que se requiere un cambio profundo que responda a todas las comunidades.
Durante su visita a La Araucanía, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer un proyecto para modificar la normativa. La iniciativa integra una serie de técnicas investigativas como agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas e interceptaciones de comunicaciones.
Querella y maltrato a vendedores ambulantes marcan la semana para el pueblo mapuche. Dirigentes y afectados criticaron los hechos, mientras en paralelo los ex encarcelados en la Operación Huracán esperan el fallo de la Suprema por el sobreseimiento definitivo.
En comunicado de prensa, el gobierno de Sebastián Piñera anunció la acción judicial por los ataques incendiarios en Vilcún y Lautaro ocurridos la noche del sábado.
