La reforma, que el gobierno presentó en marzo de 2018, contempla la incorporación de nuevas técnicas investigativas tales como agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas e interceptaciones de comunicaciones, entre otros.
La mañana de este jueves la organización con presencia en diversos países presentó su informe sobre la Ley Antiterrorista, en el que se deja de manifiesto la violación de los derechos humanos de los imputados en los Casos “Luchsinger Mackay” e “Iglesia”. Además, culpa al Estado chileno de estigmatizar a este pueblo originario.
La abogada ha sido blanco de presiones de Fiscalía y policías por su defensa a mapuches procesados por Ley Antiterrorista, lo que ha motivado la urgente preocupación de organismos de Derechos Humanos que temen por su integridad.
El senador demócrata cristiano aseguró que lo planteado por el Gobierno se apoya en una moción parlamentaria inconstitucional, además declaró, que no hay claridad de las fuentes de financiamiento de la normativa.
Tres de los once acusados por la muerte del matrimonio fueron sentenciados como autores del delito de incendio con resultado de muerte con carácter Antiterrorista. Para la abogada defensora, Manuela Royo, el fallo tuvo motivaciones políticas.
Además, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos llamó a las autoridades de Chile a absolver a la machi Francisca Linconao y a los mapuches procesados bajo la Ley Antiterrorista.
El intendente de la zona, Luis Mayol, confirmó la querella contra los responsables bajo el uso de la ley Antiterrorista.
Ante las modificaciones anunciadas por el presidente a la cuestionada legislación, son distintos los antecedentes que pesan sobre el Estado chileno en las que se cuestiona la forma y la aplicación de la ley, la que se ha utilizado principalmente contra mapuches.
La experta en política indígena apuntó a que la aplicación de la Ley Antiterrorista demuestra una visión reducida al tema de fondo, por ello, enfatizó en que se requiere un cambio profundo que responda a todas las comunidades.
Durante su visita a La Araucanía, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer un proyecto para modificar la normativa. La iniciativa integra una serie de técnicas investigativas como agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas e interceptaciones de comunicaciones.
Querella y maltrato a vendedores ambulantes marcan la semana para el pueblo mapuche. Dirigentes y afectados criticaron los hechos, mientras en paralelo los ex encarcelados en la Operación Huracán esperan el fallo de la Suprema por el sobreseimiento definitivo.
En comunicado de prensa, el gobierno de Sebastián Piñera anunció la acción judicial por los ataques incendiarios en Vilcún y Lautaro ocurridos la noche del sábado.
Juan Flores Riquelme fue encontrado culpable de los delitos de colocación, activación y detonación de artefacto explosivo con carácter terrorista, lesiones menos graves y daños. Mientras que los otros dos acusados, que se mantuvieron más de tres años en prisión preventiva, resultaron absueltos.
Luego de que la futura autoridad expresara su voluntad de aplicar la normativa, la dirigenta Ana Llao calificó las afirmaciones del nuevo intendente de la Araucanía como un retroceso en el camino del diálogo.
La controvertida ley ha sido el blanco de críticas, sugerencias y una infinidad de reparos por parte de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Que se revise, que no se use en contra del pueblo mapuche y que se investiguen las denuncias en contra de la policía por la fuerza ejercida sobre la comunidad mapuche son algunas de las recomendaciones que ha recogido una ley que no ha condenado prácticamente a nadie.
“En nuestro ordenamiento procesal, la prisión preventiva está defectuosamente establecida, especialmente en su dimensión temporal”, señaló el secretario de Estado.
En su edición 2017, el documento contiene diez capítulos en los que destacan temáticas donde el rol del Estado es fundamental. Entre ellas, está la aplicación de la Ley Antiterrorista en integrantes de pueblos indígenas, la necesidad de una nueva institucionalidad en materia de infancia y consagrar el derecho al agua.
