Según la acción judicial, la eliminación de documentos habría ocurrido en el año 2000 durante una mesa de diálogo conformada para esclarecer la información sobre las causas de violaciones a los DDHH en dictadura. Frente a ello, la abogada de la organización, Magdalena Garcés, indicó: “Nos parece que no ha habido una búsqueda rigurosa de esa información, sino más bien aparecen ciertas tendencias de ocultamiento y encubrimiento”.
Se trata de la Pesquera Arauco, a la que le atribuyen, entre otros hechos, el haber trasladado a presos políticos durante la dictadura por medio de sus camionetas frigoríficas. La organización detrás de esta acción judicial afirma que es la primera de estas características, que busca castigar a una compañía que habría sido integrada por militares y personas de la sociedad civil.
Distintas organizaciones de derechos humanos homenajearon a las víctimas de la represión estatal de quienes hasta hoy se desconoce su paradero y apuntaron a los casos ocurridos en democracia.
Como “nefasto” y “grave” calificaron organismos de DDHH las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien se mostró favorable a la entrega de beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y alertaron que estos planteamientos podrían perjudicar los procesos judiciales que se llevan a cabo.
Desde la Agrupación respondieron con duras críticas a las palabras de la ahora subsecretaria de Derechos Humanos. Además, manifestaron su preocupación por los temas omitidos en la entrevista, como la deuda que Chile tiene con las víctimas de la Dictadura.
Centros de tortura como el subterráneo de la Plaza de la Constitución, así como las dependencias del Banco del Estado que fueran utilizadas por el Comando Conjunto, fueron agregados a la Ruta Patrimonial de la Memoria, a través de la cual se pretende conservar y relevar los sitios que fungieron como recintos de detención clandestinos durante la Dictadura.
Organizaciones de derechos humanos calificaron de “vergonzosa” la votación llevada a cabo este miércoles en la Sala de la Cámara, y que resolvió mantener el secreto de los testimonios del Informe Valech. De los 60 votos afirmativos que se necesitaban para legislar este proyecto, los promotores consiguieron 57, mientras que a la negativa en pleno de Chile Vamos se sumaron votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Con una acción de denuncia en la Plaza de la Ciudadanía, el colectivo Londres 38 exigió que el Estado de Chile tome medidas para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos de la Dictadura de Pinochet. En la manifestación resultaron detenidas cuatro integrantes de la organización.
La organización Londres 38, Espacio de Memorias presentó una querella criminal para que la Justicia investigue el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas en 1974. La acción fue acompañada por numerosos familiares de las víctimas y representantes de organizaciones sociales y estudiantiles.
La decisión de la entidad parlamentaria fue criticada por el organismo humanitario que impulsó la iniciativa, Londres 38. Desde la institución sostienen que los archivos podrían permitir, por ejemplo, conocer el paradero de detenidos desaparecidos.
” Sólo el 7 por ciento de los cuerpos de los detenidos desaparecidos ha sido hallado”, indicaron desde Londres 38.
Agrupaciones de memoria y Derechos Humanos insistieron con el llamado a las autoridades de liberar los archivos secretos de la Dictadura, luego que la Corporación Londres 38 tuviera acceso a un informe con peritajes de la Policía de Investigaciones a documentos y otros artículos pertenecientes a la CNI encontrados en la sede de la Fundación Salvador Allende.
Ayer se vivió un nuevo 11 de septiembre marcado por actos de conmemoración por la Memoria y los Derechos Humanos. Durante la noche se vieron algunos incidentes a los que se sumaron los ya tradicionales cortes de luz.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue facultado por la Contraloría General de la República a entregar antecedentes a los jueces que investigan casos de violaciones a los derechos humanos, levantando el secreto que por ley se establece a la denominada Comisión Valech II, debido a que esta segunda instancia recogió testimonios de casos de Detenidos Desaparecidos (DD.DD.) y de Ejecutados Políticos, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Organizaciones de derechos humanos destacan la recuperación de Londres 38, el único reducto de la Dina que se mantiene en pie. El ministerio de Bienes Nacionales entregó una concesión por 15 años, lo que permitirá mejorar el ex centro de tortura, hoy convertido en espacio de memoria.
El magistrado, que mantuvo los documentos en secreto desde que fueron incautados en 2005, los traspasó al Instituto de Derechos Humanos y al Consejo de Defensa del Estado. Conozca aquí el detalle.
La organización de derechos humanos Londres 38 se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para insistir en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad de la que fueron víctimas 98 personas en el ex centro de tortura, mientras funcionaba como cuartel de la DINA. Asimismo, exigen la apertura de los archivos secretos para llegar a la verdad.
