El ministro en visita Miguel Vázquez dictó acusación en la investigación por los secuestros calificados de siete integrantes del Partido Comunista y el asesinato de Víctor Díaz López, ocurridos entre mayo de 1976 y enero de 1977. La responsabilidad de estos ilícitos fue atribuida a 79 ex miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Luego que René López dijera que se podría entregar información a cambio de beneficios carcelarios, distintos sectores calificaron la idea como “una inmoralidad”. Incluso, el hijo del ex jefe de la DINA afirmó que el abogado no tiene su patrocinio para la propuesta.
La idea fue expresada por el abogado de Manuel Contreras, René López, y recibió las críticas de los familiares de las víctimas: “Es una operación siniestra y peligrosa”, dijeron.
La agencia EFE exhibió cheques firmados por Manuel Contreras, distintos pagos desde la DINA a militares hoy enjuiciados, medios de comunicación, instituciones castrenses y el Banco Central. Con ello, se confirma un vínculo formal entre el aparato represor de Pinochet y distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
La declaración de Michael Townley es de 2006 en Washington, donde reveló la molestia de Manuel Contreras luego que Augusto Pinochet ordenara la disolución de la DINA para colocar en reemplazo a Odlanier Mena.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó procesamiento en contra de cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de María Inés Alvarado Borgel, perpetrado el 15 de julio de 1974, en Santiago. El magistrado encausó a los ex integrantes de la DINA: […]
Conocido el suicidio de Odlanier Mena, familiares de víctimas involucradas en los delitos por los que fue enjuiciado, manifestaron su decepción ante el curso de la justicia, sin proceder por los crímenes cometidos por aparatos de inteligencia, una situación que se espera se agilice con la dedicación exclusiva determinada por la Corte Suprema. Presidente Sebastián Piñera rechazó en 5 ocasiones indultar a Mena.
Desde su fundación en 1946 hasta el año 2012, Chile ha enviado a más de 5.200 militares a la Escuela de las Américas, centro de entrenamiento que instruyó a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, entre otros connotados violadores a los derechos humanos. Organizaciones exigen el cese del envío de soldados a este centro de instrucción, así como el cierre de la base militar estadounidense de Concón.
La acción judicial había sido presentada por el abogado de Manuel Contreras, Raúl López, contra la decisión del Presidente Sebastián Piñera de cerrar el Penal Cordillera y trasladar a sus internos al recinto penitenciario de Punta Peuco. La razón fundamental entregada es que los ministros no se inmiscuyen en las decisiones que toman entidades técnicas como Gendarmería.
Desde las últimas horas de este viernes se inició la cuenta regresiva del operativo que trasladará hasta el recinto penitenciario de Punta Peuco a los 10 militares en retiro que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en el Penal Cordillera, luego que el Presidente Sebastián Piñera decretara su cierre.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga una acción similar contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
Un equipo con kinesiólogo, nutricionista, médico general, psicólogo, asistente social y tres paramédicos son parte de la asistencia que reciben los diez internos del Penal Cordillera. Diez militares condenados por delitos de lesa humanidad, distribuidos en cinco cabañas, con servicios básicos y acceso a telefonía, áreas verdes y cancha de tenis. Este es el último informe emitido desde el Poder Judicial, en paralelo al análisis de La Moneda por cerrar Cordillera y trasladar estos presos al penal Punta Peuco.
