En paralelo a la semana distrital, los partidos de la Nueva Mayoría deben repartir sus parlamentarios en las distintas comisiones. Medioambiente y Trabajo son algunos comités pendientes, conformando un eje legislativo que permitirá acelerar las reformas del Ejecutivo.
El Gobierno ratificó que realizará una completa revisión y evaluación de los alcances de la Ley de Pesca, impulsada por el ex ministro de Economía, Pablo Longueira. El subsecretario de pesca, Raúl Súnico, corroboró la información luego de reunirse con el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) con quienes fijaron una agenda de trabajo.
Una serie de recursos fueron presentados ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), solicitando que se revoque la decisión que el 30 de enero adoptara el Comité de Ministros de la administración de Sebastián Piñera sobre el proyecto HidroAysén. Agrupaciones de la Comisión Ciudadana-Técnico- Parlamentaria se reunieron con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Luego del encuentro, dirigentes entregaron sus observaciones respecto al futuro del proyecto HidroAysén que ahora está en manos de nuevas autoridades.
Peligra continuidad del recién designado superintendente de Medioambiente Cristián Franz. Organizaciones ciudadanas y parlamentarios presionan por su salida, luego que se conocieran sus vínculos de asesoría a grandes mineras y proyectos energéticos. Reunión de parlamentarios con el ministro, Pablo Badenier, sería clave para decidir el futuro de la autoridad ambiental.
El Comité de Ministros sesionó para revisar las 36 objeciones del proyecto Hidroaysén. De ellas sólo dos quedaron pendientes, por lo que se acordó encargar un par de estudios hidrológicos, lo que implica una postergación de su revisión final hasta el próximo gobierno. La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, aclaró que el proyecto tiene autorización, y que la empresa tiene la decisión de cuándo iniciar las obras.
La Corte Suprema resolvió autorizar a la central termoeléctrica de Endesa. En fallo dividido, los ministros que componen la Tercera Sala, rechazaron los recursos de protección interpuestos por los opositores al proyecto.
A sólo dos días de que se inicie una nueva versión del Rally Dakar, que pasa por Argentina, Bolivia y Chile, agrupaciones medioambientales y patrimoniales esperan que la Corte Suprema falle contra la realización de la competencia en territorio nacional, luego de que el máximo tribunal acogiera el recurso de protección presentado en octubre de 2013 y cuya sentencia debiera conocerse en los próximos días.
El balance realizado por la organización Chile Sustentable recoge lo bueno y lo malo en la gestión medioambiental 2013. La aprobación de la ley que impulsa las ERNC y el reconocimiento de Celco de su responsabilidad en la contaminación del Río Cruces fueron destacados, lo contrario ocurrió con los cuestionamientos al Sistema de Evaluación Ambiental, tema aún pendiente de resolver.
Organizaciones ciudadanas y ambientales expresaron su molestia por la nueva norma de material particulado máximo respirable, que entra en vigencia el 1 de enero del 2014. Esto porque relajaría las exigencias a las grandes empresas y permitiría la instalación de más industrias en zonas que hoy se consideran saturadas de contaminación.
Los Tribunales admitieron el recurso de protección contra la central termoeléctrica Bocamina II, descartando paralizar las obras. Ante esto, la comunidad insistirá en la acción para frenar el proyecto que no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental, entre otras irregularidades.
El sector de la energía en Chile lidera la emisión de gases de efecto invernadero con 239 plantas termoeléctricas a carbón, petróleo, petcoke y gas natural. Esto, según el programa sobre Escenarios y Planes de Acción de Mitigación, que lleva a cabo el Gobierno con fondos del extranjero, para diagnosticar las áreas más críticas del país sobre este tema, y generar así planes de mitigación. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que Chile debe a ajustar estas medidas a la realidad económica de un país en vías de desarrollo, que exporta recursos naturales.
La candidata oficialista Evelyn Matthei presentó un programa de energía termosolar en el último debate organizado por la Archi. En tanto, Michelle Bachelet sumó 40 medidas al recibir el apoyo del candidato ecologista Alfredo Sfeir. No obstante, analistas medioambientales señalan que esto no es suficiente y que ambas candidaturas ofrecen una débil respuesta en materia energética.
Las religiosas sospechan intencionalidad detrás de la abundancia de incendios forestales, mientras la autoridad ambiental evalúa el proyecto hidroeléctrico “El Canelo de San José”, de la empresa Coyanco S.A.
Ante la ambigüedad que perciben los opositores al proyecto Hidroaysén sobre su tramitación, se proyecta que éste podría verse recién en el próximo Gobierno. Esto también ha generado críticas a la gestión de la ministra del Medioambiente. Además, se proyecta el futuro trabajo político de las agrupaciones de la Patagonia y ambientales sobre un desarrollo alternativo y una verdadera política energética, que no existe hasta el momento en Chile y preocupa ante el avance de fuentes tan contaminantes como el carbón.
Este miércoles declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el Obispo de Copiapó, Gaspar Quintana. Mientras, siguen adelante las acciones legales y administrativas y los cuestionamientos a la iniciativa, todo esto cuando la empresa continúa paralizada y, desde Argentina, hace pocos días, se criticó la forma en la que ha operado nuestro país.
El Gobierno firmó la denominada “Convención de Minamata sobre mercurio”, referida a la prohibición de explotación de yacimientos mineros de este metal pesado, que en nuestro país está presente en condiciones críticas en ciudades como Arica, Copiapó, Chañaral y Puchuncavía, con efectos neurotóxicos y cancerígenos sobre la población. Los ambientalistas han cuestionado que el Ministerio de Minería expresara “letra chica” al momento de firmar esta convención, lo que fue interpretado como una defensa de las corporaciones canadienses presentes en Chile.
El Gobierno concedió apenas 48 horas de consulta ciudadana sobre la propuesta de Chile para la Convención Latinoamericana de Medioambiente, que debe presentarse ante el foro de 15 países que negocian este referente. El escaso tiempo concedido a la participación pública motivó la reacción de diversas organizaciones ciudadanas y ambientales, dada la relevancia del documento en cuestión.
