Después del comité de emergencia realizado en La Moneda, la mandataria anunció que se trasladará a la zona que rodea el macizo. Asimismo explicó que el Sernageomin evalúa posibles aluviones por el deshielo tras la erupción.
Cerca de las 3 de la madrugada, el volcán Villarrica entró en erupción. El Comité de Emergencia en la zona decretó emergencia agrícola para enfrentar las consecuencias que se puedan producir en campos y animales. Además, el Ministro del Interior confirmó que 3 mil 385 personas fueron evacuadas y que las clases están suspendidas en las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue y Coñaripe.
Ya se realizan reuniones multisectoriales para planificar la posible evacuación de personas y ganado. En caso de una emergencia, los desplazados podrían llegar a 9 mil, aunque hasta ahora se estima que las erupciones son “menores”.
Cuando están a punto de retormarse las conversaciones en el Parlamento, la propuesta ha sido calificada como mediocre por representantes de la CUT. Las diferencias de opinión al interior de la multigremial, han llevado a la renuncia de algunos de sus dirigentes, que no estarían dispuestos a respaldar el proyecto.
De forma voluntaria ambos decidieron dar fin a su militancia en el Partido Socialista. La noticia fue confirmada por el presidente de la colectividad Osvaldo Andrade.
Se iniciarán durante el mes marzo y buscan presionar al gobierno para que responda por demandas locales, que exige ver la riqueza que se genera en la región reflejada en la comuna.
Uno de los debate abiertos a partir de las revelaciones conocidas sobre el llamado caso Caval, tiene que ver con la eventual necesidad de que nuestro país se dote de una legislación que permita que el Estado, cuando se producen los cambios de uso de suelo, producto de la modificación de un plano regulador, por ejemplo, pueda acceder a una parte de la plusvalía que se genera en un determinado terreno, y que no sólo sea ganancia para los privados.
El reconocimiento del trabajo efectuado por las Naciones Unidas en los últimos 20 años por la igualdad entre hombres y mujeres, pero enfatizando en la necesidad de avanzar con un paso mucho más veloz, fue el punto de entrada del evento de alto nivel organizado por ONU Mujeres, “Las mujeres en el poder y la toma de decisiones”, que se desarrolla en la Estación Mapocho este viernes 27 y sábado 28 de febrero.
A cinco años del terremoto del 27 de febrero las organizaciones, la presidenta Michelle Bachelet y el ex jefe de Estado Sebastián Piñera hicieron sus respectivos balances. Mientras los pobladores acusan un aprovechamiento de las empresas inmobiliarias y una reacción tardía de las autoridades, ambos mandatarios aún se disputan los porcentajes de la reconstrucción.
La empresa Exportadora y de Gestión Caval Ltda. concretó la venta de los terrenos en Machalí por un total de 9 mil 500 millones de pesos a la empresa Silca Servicios Ltda. de la cual es representante legal el empresario Hugo Silva. La empresa de la cual una de sus dueñas es Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Bachelet, canceló el polémico préstamo de 6 mil 500 millones al Banco de Chile. Ahora el caso seguirá los procesos políticos y judiciales respectivos.
Esta tarde la Presidenta Michelle Bachelet se reunió con los ministros del comité político, a quienes les encomendó la generación de una propuesta que regule “de manera estricta y eficaz” la relación entre el mundo público y el privado, en medio de las supuestas irregularidades cometidas por políticos en el marco de los casos Penta y Caval, y que ha generado un fuerte cuestionamiento hacia la clase política. Más temprano, y a raíz de la declaración de la secretaria de Joaquín Lavín quien reconoció el uso de fondos venidos de SQM para la campaña senatorial del gremialista, Mario Desbordes de RN y Osvaldo Andrade del PS, pidieron legislar para que las penas para quienes incurran en irregularidades sean más duras.
Las declaraciones de la Presidenta fueron calificadas de insuficientes desde la oposición. Sin embargo, la Nueva Mayoría pide dar vuelta la página y avanzar en legislación para impedir que estos casos se vuelvan a repetir.
En el regreso de sus vacaciones, en Caburga, la Presidenta de la República habló por primera vez luego de que apareciera el Caso Caval, en donde su hijo era uno de los protagonistas. En conferencia de prensa, la Mandataria confirmó que solo se enteró de esto a través de los medios de comunicación.
El presidente de Perú, Ollanta Humala citó para esta tarde a un Consejo de Estado para abordar el presunto espionaje que tres miembros de la marina peruana habrían realizado a favor de Chile. Medios de comunicación de ese país aseguraron que Michelle Bachelet estaría al tanto de estas investigaciones, sin embargo el vocero de Gobierno Álvaro Elizalde desmintió esta información y enfatizó “que no se ha recibido ninguna información oficial al respecto”.
Las revelaciones sobre el llamado caso Penta, así como el millonario crédito otorgado por el Banco de Chile a la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Bachelet, o el mal uso de las asignaciones parlamentarias que se investiga en el caso de los senadores (Ind.) Carlos Bianchi y (PPD) Eugenio Tuma, han abierto el debate sobre las consecuencias a nivel político y social que estos pueden tener a mediano y largo plazo. Analistas proyectan los escenarios que se abren tras estos escándalos.
En entrevista a un diario de circulación nacional, el ex director sociocultural de la Presidencia aseguró que su madre “no tiene nada que ver con esto y no tiene por qué saber lo que hacen los privados”. De la misma forma, el primogénito de la mandataria especificó que “si quisiera hacer plata fácil, no estaría trabajando en el Estado”.
En medio de los cuestionamientos que ha generado el otorgamiento de un crédito por 6.500 millones de pesos a la empresa de Natalia Compagnon, nuera de Michelle Bachelet, se ha abierto el debate en torno del rol y atribuciones del cargo de Primera Dama o Primer Marido, que actualmente ejerce Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta. Mientras algunos señalan que esta institución debería eliminarse de la Administración Pública, otros postulan una regulación efectiva de sus funciones para evitar posibles conflictos de intereses.
