Este martes la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) protestó en el Ministerio de Defensa y emplazó al titular de la cartera Alberto Espina a eliminar todos los beneficios que aun gozan los militares en retiro encarcelados, incluido el procesado Juan Emilio Cheyre.
El Presidente Sebastián Piñera firmará el lunes una indicación al proyecto ingresado en 2011, que estipula un nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas.
Equilibrar los recursos para las FF.AA. con el gasto social es el principal objetivo de una campaña impulsada por el Servicio Paz y Justicia, para exigir que se cambie el marco legal en la materia, se derogue la Ley Reservada del Cobre y se establezca un mayor control sobre estos dineros.
El Estado Mayor Conjunto remitirá los antecedentes, sobre la entrega de actas del COSENA a la periodista Catalina Gaete, al Consejo de Defensa del Estado que deberá adoptar los “cursos de acción pertinentes” en torno a este caso.
La periodista reafirmó las acusaciones respecto de las presiones ejercidas desde el ministerio de Defensa para “destruir” las actas del COSENA que el Consejo para la Transparencia ordenó entregar.
El segundo vicepresidente del Colegio de Periodistas, Patricio Segura, expresó su preocupación por la denuncia hecha por Radio Universidad de Chile de presiones desde el ministerio de Defensa en contra de una profesional para que “destruya” antecedentes relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional.
Periodista de nuestra emisora, Catalina Gaete, solicitó vía Ley de Transparencia los documentos para conocer las presiones de los militares a las autoridades civiles durante la transición. Afirma que jefe de comunicaciones del Ministerio de Defensa le propuso recibir y destruir los documentos.
El órgano contralor dejó sin efecto un dictamen del año 2009 que autolimitaba las facultades fiscalizadoras de la institución en materias vinculadas a la Ley Reservada del Cobre. El documento, además, consagra explícitamente la obligación de las Fuerzas Armadas de someterse a la fiscalización de la entidad, incluso en “aquellas obras militares declaradas secretas”.
La directora del Archivo Nacional enfatizó la necesidad de elimnar la Ley 18.771: “Probablemente, esa documentación permita, a la larga, reconstruir lo que pasó con muchas de las personas que hoy se encuentran desaparecidas”, dijo.
El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito del lanzamiento de sus memorias “Plaza Montt Varas sin número”, junto con recordar los interrogatorios a Manuel Contreras y Álvaro Corbalán, analiza su nuevo desafío en el Ministerio de Defensa.
El titular de Defensa aseguró ante los diputados de la Comisión respectiva que el traslado consideró a mil doscientos funcionarios del organismo de inteligencia, de los cuales 36 permanecen en la institución castrense. Comandante en jefe Humberto Oviedo argumentó la imposibilidad de despedirlos por ausencia de razones legales que justifiquen su salida.
Para las organizaciones de DD.HH. el nuevo rol de Solís genera pocas expectativas. Desde “actitudes soterradas para buscar los medios de cómo sacarlo de ese puesto”, hasta no entender cuál será su labor, si el ministro Gómez insiste en que las FF. AA. ya entregaron toda la información, son parte de las críticas.
