Los trabajadores de la Fiscalía anunciaron la radicalización de la movilización que iniciaron hace una semana por el proyecto de ley que no considera a funcionarios del Ministerio Público en el mejoramiento de sus condiciones laborales. Ya han manifestado su apoyo al movimiento la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y en la Cámara surgen voces en busca de una solución favorable a los trabajadores, aunque no se ha escuchado una respuesta por parte del Ejecutivo.
Además el Ministerio Público anunció que el perito Mario Peña será formalizado por falsificación de instrumento público en el caso de atropello protagonizado por el hijo del senador de RN el pasado mes de septiembre.
Para modernizar esta institución, el Gobierno está impulsando un proyecto para que sea legislado con suma urgencia; es decir, con un plazo máximo de 15 días para cada una de las cámaras del Congreso. Ante esta velocidad de tramitación, los trabajadores del Ministerio Público, agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios (Anfumip) y la Federación de Trabajadores (Fenamip), además de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), entregaron una carta dirigida al Presidente Piñera.
Con una adhesión casi total, los funcionarios del Ministerio Público iniciaron un paro indefinido de actividades, en demanda del retiro de una indicación del proyecto de modernización de dicha institución que consideran desfavorable. Hasta el momento, no existe acercamiento con el Ministerio de Justicia.
A partir del próximo lunes 25, los trabajadores adheridos a la Federación Nacional del Ministerio Público paralizarán de forma indefinida en rechazo a las indicaciones enviadas por el Gobierno al proyecto de ley de fortalecimiento de la institución, ya que contemplan más recursos sólo para los fiscales, en desmedro de los funcionarios, técnicos y administrativos. […]
Indignados se declararon los funcionarios de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) al abandonar la sesión de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se aprobó el proyecto de ley de fortalecimiento de la Fiscalía.
La segunda Sala de la Corte de Apelaciones determinó en forma unánime, que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debe entregar los antecedentes por la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM. Esto luego que la SVS negara al Ministerio Público el acceso al expediente, por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”.
Este lunes, la Corte de Apelaciones revisará los argumentos de la Superintendencia de Valores y Seguros, esto por negar el acceso al expediente de formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou, junto a otros tres ejecutivos de SQM por el Caso Cascadas. Los querellantes esperan que la justicia tenga acceso a este informe, quienes critican la reciente aprobación de aumento de capitales en dos sociedades de este grupo minero.
La defensa de los ejecutivos por el Caso Cascadas pidió una prórroga para la entrega de argumentos en respuesta a la formulación de cargos hecha por la Superintendencia de Valores y Seguros, a esto se suma la impugnación que hacen del proceso debido a la filtración de los antecedentes de la acusación a la prensa.
Los analistas subrayan en la complejidad de un caso de esta magnitud y la eficacia de las herramientas legales para combatir “delitos de cuello y corbata”.
Además la Corte de Apelaciones dio 48 horas a la Superintendencia de Valores y Seguros para explicar por qué no han entregado la información solicitada por la Fiscalía en el caso Cascadas, que involucra al presidente de Soquimich, Julio Ponce, en una serie de negociaciones ilegales. El abogado de los accionistas minoritarios valoró esta resolución, ya que a su juicio esto solo entorpece la labor de la justicia.
El Ministerio Público solicitó la ampliación de la investigación en el caso de Emilio Berkhoff, luego que el plazo de seis meses venciera el pasado 2 de octubre. Ello luego que la fiscal Álvaro Hermosilla considerara que existen diversas diligencias pendientes relacionadas con la revisión y análisis de diversos elementos que fueron incautados en los […]
La Superintendencia de Valores y Seguros negó el acceso a la formulación de cargos contra Julio Ponce y los tres ejecutivos de SQM, solicitud realizada por el Ministerio Público. Fernando Coloma explicó que se busca mantener la reserva de los antecedentes en esta investigación.
La Asociación Nacional de Fiscales, que representa al 90% de los fiscales adjuntos del país, exige al Gobierno demostrar una “voluntad política” de resolver la crisis en el Ministerio Público, que ha desembocado en la renuncia de 160 fiscales en los últimos tres meses. De no dar señales concretas, desde el gremio no descartan llamar a un paro de funciones a nivel nacional.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios instó a la Fiscalía a que considere el testimonio de un ex reo de la Cárcel de San Miguel, quien declaró que los responsables de iniciar el incendio que acabó con la vida de 81 personas están vivos.
El INDH emitió un comunicado donde destaca las garantías de las personas privadas de libertad, además de las obligaciones del Estado para la libertad de credo, aun cuando se trate de quienes están en la cárcel. En este sentido, apoyó la gestión del Ministerio Público y Gendarmería, por su asistencia a mapuches que cumplen con condenas en distintos penales.
Persisten los cuestionamientos a la labor de la Fiscalía y las policías en el Caso Bombas, a más de un año de la absolución final de los últimos imputados en el proceso. Mientras la asociación de los persecutores aboga por la injusticia de algunas acusaciones, expertos llaman a generar instancias de autocrítica y a ser “más rigurosos” en casos como éste, con patrones repetidos en nuevas investigaciones.
César Reyes, detenido luego de la macha estudiantil del 8 de mayo, expuso su caso ante la Comisión Investigadora sobre derecho a reunión y seguridad pública de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios presentes solidarizaron con el estudiante y enviaron un oficio a la Fiscalía exigiendo que se expliquen las razones por las que los jóvenes detenidos en las marchas no son llevados inmediatamente ante un juez, tal como contempla la ley.
