Con fecha 12 de octubre de 2022 se publicó en el vespertino La Segunda la columna de opinión titulada “La otra verdad de los guetos verticales” suscripta por Fernando Marín, miembro de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), en la cual fustiga a las instituciones del Estado al manifestar en epígrafe que “La sucesión de acciones […]
La autoridad manifestó que otra dificultad tiene que ver con el déficit de tecnología para el análisis avanzado de la información que permita obtener evidencia para recurrir a los tribunales.
El Ministerio Público acusa al general en retiro de lavado de activos sobre 240 millones de pesos. Es el segundo alto oficial formalizado junto al ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba.
El documento había sido solicitado por el Ministerio Público a la congregación que se excusó de entregarla por el secreto en el que se basan las investigaciones canónicas. El informe había sido enviado al Vaticano para seguir la indagación.
Luego de reunirse con el Fiscal Nacional, los subsecretarios del Interior y Justicia dieron a conocer la medida que busca dar seguridad en los establecimientos y evitar que se coordinen acciones en el exterior.
El Ejecutivo también presentó en el Senado un proyecto de ley para combatir la delincuencia organizada, que establece técnicas especiales para su investigación.
Ambos políticos hicieron llegar una carta al Presidente Boric en el que llaman a no confundir hechos de vandalismo con el derecho a la protesta pacífica y restablecer el orden público usando las herramientas policiales y legales disponibles.
Al comentar el operativo de la PDI durante la tarde de este miércoles, la autoridad subrayó la autonomía del Ministerio Público para llevar adelante sus acciones. Ernesto Llaitul Pezoa es investigado por un hecho ocurrido en septiembre de 2021.
Además, la autoridad recomendó trasladar al líder de la CAM a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y dijo esperar un juicio que lo condene con la pena más alta posible, de acuerdo a su peligrosidad y su reincidencia en el delito.
El subsecretario del Interior se reunió en la ciudad de Calama con el objeto de conformar el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, el cual dijo es un problema para “las instituciones del Estado y para la legitimidad de la democracia”.
El objetivo de este grupo de trabajo es contar con información unificada y bajo criterios comunes a fin de mejorar tanto la prevención como la persecución penal.
Ad portas del juicio, el jurista acusó al Ejecutivo de sostener la querella criminal contra los imputados de la causa, la que radicó en una prisión preventiva anómala en cuanto transgredió la norma del Código Procesal Penal.
