Luego que el ahora ex intendente de La Araucanía Andrés Jouannet anunciara su renuncia al cargo para postular a un escaño en la Cámara, el lonko de Temucuicui criticó su gestión como máxima autoridad regional, al mismo tiempo que emplazó al Estado de Chile a reconocer de una vez por todas, la deuda que mantiene con el pueblo mapuche.
Para esta semana quedó fijada una audiencia en la que se debatirá el cierre de la investigación por el caso Luchsinger-Mackay. En esta oportunidad los abogados defensores de los 11 imputados reiterarán su solicitud al Ministerio Público de entregar información sobre un testigo protegido.
En territorio mapuche, los terratenientes han anunciado el uso de las armas para combatir los ataques que han sido objeto. Una situación que pone en jaque cualquier intención de diálogo y solución política a un conflicto que amenaza con encender una llama de violencia difícil de apagar.
La organización rechazó las “desafortunadas” declaraciones de Andrés Jouannet y afirmó que, en tratados internacionales a los que el Estado de Chile adhirió, se reconoce el derecho del pueblo mapuche a la “restitución o reparación por la confiscación de sus tierras, territorios y recursos de los que hayan sido privados sin su consentimiento”.
Agentes negociadores de países latinoamericanos integrantes del TPP aseguraron que consulta indígena no es necesaria porque, con la aprobación de este acuerdo económico, no habría afectación directa a sus derechos. Desde el Observatorio Ciudadano dijeron que del total de inversiones que se producen en Chile, la mayoría se ubica en tierras que el Convenio 169 de OIT define de “ocupación tradicional indígena”.
Organizaciones de derechos humanos plantearon la necesidad de que se realice una democratización real de Chile, y por ello hicieron énfasis en el rol fundamental que jugará la nueva Constitución, la cual debería proteger de manera efectiva los DD.HH. y expresar la multiculturalidad y plurinacionalidad.
Según el Observatorio Ciudadano el proyecto central hidroeléctrica Neltume, la planta de celulosa de la empresa CELCO y el proyecto piscicultura Caburga II ubicado en la Región de La Araucanía afectan de manera grave las tierras y el desarrollo cultural de las comunidades.
A 27 años del plebiscito que abrió el camino hacia el fin de la Dictadura, expectativas y frustraciones transitan junto a excluidos y automarginados de un proceso en el que los gobiernos concertacionistas aparecen como los responsables de los déficits y rezagos que aún reclama la ciudadanía.
Las escuetas palabras de la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo sobre la situación de los pueblos indígenas han desencadenado la molestia de diferentes comunidades a lo largo del país y críticas de diversos actores políticos. Esto en medio de un clima complejo, con nuevos cuadros de violencia en el sur del país, la Conadi paralizada y diversos cuestionamientos al cambio de institucionalidad que el gobierno pretende realizar.
La Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción concluye su funcionamiento esta semana y deberá emitir un informe que, según quienes han participado ahí, será complejo de elaborar. En la instancia participaron instituciones, agrupaciones y organismos de toda índole y son distintos los puntos de vista que se deberán aunar. Por su parte, diversos actores políticos y sociales esperan que las propuestas de la comisión efectivamente apunten a superar la crisis en que está inmerso nuestro país.
Sigue en Lima, Perú, la Conferencia de las Partes (COP 20) hasta el próximo viernes 12 de diciembre, donde se analizan acuerdos clave para la siguiente cumbre de Cambio Climático el 2015. Pero en esta oportunidad a la meta ambiental de reducción de emisiones se suman otros desafíos relacionados con la adaptación y la defensa de las poblaciones.
La exposición de Chile ante el Consejo de Naciones Unidas con el motivo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos puso sobre la mesa el tema de restitución de tierras a dirigentes mapuche. Este, aseguran las autoridades, estaría ejecutado en un 100 por ciento al año 2019 pero ¿qué es realmente este Plan Nacional de Tierras?, ¿cuáles son las dificultades de su ejecución?
