El parlamentario apuntó a los exgenerales directores de Carabineros Bruno Villalobos, Eduardo Gordon y Gustavo González Jure, contra quienes la Fiscalía pide penas de hasta 24 años por malversación de fondos públicos.
El abogado en el caso Cascadas, criticó la designación del presidente Gabriel Boric para el nuevo Fiscal Nacional, apuntando que entre otras cosas, la inacción del persecutor en diferentes casos permitió que se continuaran cometiendo delitos.
El ex jefe policial fue imputado por malversación de recursos públicos y uso malicioso de instrumentos públicos. Se suma así a otros funcionarios de la institución investigados por este tipo de hechos.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los ex generales directores de la institución uniformada Gustavo González y Bruno Villalobos quienes, según la investigación, se apropiaron de importantes cantidades de recursos públicos.
El secretario de Estado anunció además que se convocará esta semana a un consejo para evaluar la reforma a Carabineros y agregó que dicha instancia “tiene que ver cómo las actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los Derechos Humanos”.
Se trata de 33 ex uniformados que han sido señalados como la cúpula detrás del mega fraude en la institución. Con la reformalización se pretende aclarar los hechos y los montos defraudados por cada imputado.
El Contralor Jorge Bermúdez ha protagonizado esta semana una de las jugadas más polémicas de la historia de la Contraloría. Solicitó la renuncia de su Subcontralora, Dorothy Pérez, la que fue rechazada. Luego, declaró vacante el cargo, abriendo así la polémica sobre las atribuciones de su cargo. Según Pérez, su destitución es facultad únicamente del Presidente de la República.
Se trata del comandante (r) Jorge Espinoza y el general en retiro, Julio Pineda quienes se tildan como los principales responsables de la filtración de la hoja de vida del actual general director de Carabineros, Hermes Soto.
En el marco de los avances del “Pacogate” se detectaron personas que recibirían dos pensiones provenientes de Dipreca y Capredena, en la lista de beneficiados, figura el exobispo de Antofagasta, Pablo Lizama.
Actualmente, la normativa permite que ambas instituciones puedan no entregar la información solicitada. “Queremos acabar con el silencio de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que les garantiza un secreto, una reserva legal sobre prácticamente, todo lo que ocurre en su interior”, explicó el diputado Leonardo Soto, que presentó el proyecto.
El diputado socialista, Leonardo Soto, planteó la sospecha y dijo que “si esta red funciona hace años, probablemente es mucho más grande”. Desde Chile Transparente, por su parte, afirmaron que ya se veía que la institución policial iba mucho más allá del “Pacogate”. “(Es) un asunto sistémico, no solamente encapsulado”.
Aunque la cifra oficial superaba los 26 mil millones de pesos, se proyecta que al término de la investigación los montos malversados por el fraude en la institución alcancen los 30 mil millones de pesos.
El denominado ‘Pacogate’ continúa sus avances en la justicia, está vez, el antecesor de Flavio Echeverría, Iván Whipple será formalizado por malversación de causales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.
La Fiscalía maneja diferentes hipótesis sobre cuál podrá ser el destino de los dineros malversados por Carabineros. Según la investigación del Ministerio Público, los paraísos fiscales suenan fuerte como una de las posibilidades.
El General Director de Carabineros declaró estar avergonzado de las situaciones que se han desarrollado al interior de la institución que lidera y negó estar pensando en retirarse antes de resolver la polémica.
Como “una falla sistémica en los controles de Carabineros” calificaron un grupo de diputados las recientes revelaciones tanto del fraude al interior de la institución, que lleva más de diez mil millones de pesos contabilizados, y el pago de remuneraciones irregulares a médicos anestesistas en Dipreca y que la Fiscalía se encuentra investigando. Por esto, los parlamentarios solicitarán la creación de una comisión investigadora que indague en estos casos.
Si bien se estima que el perjuicio fiscal bordea los 8 mil millones de pesos, el secretario de Estado precisó que las dimensiones de este caso todavía no han sido calculadas.
