Los hechos se remontan a los meses de octubre y noviembre de 1973 cuando el entonces oficial de Ejército aplicó corriente y malos tratos a cuatro detenidos en la localidad de Panguipulli.
Para los y las querellantes los sucesivos disparos que terminaron con la muerte del joven malabarista quien se encontraba desarmado, incumplen todos los tratados, leyes, protocolos y circulares que debieron normar el actuar policial.
De esta manera, se impuso la defensa del uniformado logrando la medida cautelar de firma quincenal y arraigo nacional, dejando el arresto domiciliario total.
Los querellantes buscan que el uniformado sea conducido a prisión preventiva durante el plazo fijado para la investigación que es de cuatro meses. En tanto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, entregó su respaldo al sargento González y avaló la tesis de la legítima defensa.
El abogado querellante aseguró que mantener al imputado por homicidio simple solo con arresto domiciliario dista mucho de las medidas cautelares aplicadas para los llamados presos de la revuelta. “Aquí, en el fondo, hay una justicia para ricos y otra para pobres”, sentenció.
Alejandro Navarro (PRO), Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD) solicitaron al Fiscal Nacional Jorge Abbott designar a un fiscal Especial para que investigue este caso, con el fin de darle prioridad y rapidez a su resolución.
El Juzgado de Garantía de Panguipulli determinó que no se configuró legitima defensa de parte del carabinero Juan González Iturriaga. Sin embargo, no conformes con la medida cautelar, el querellante particular y el Instituto Nacional de Derechos Humanos apelarán lo dispuesto por el juez Felipe Muñoz.
Aunque entregó sus condolencias a la familia de Francisco Martínez, el Mandatario respaldó la labor de Carabineros en el cuidado del orden público. “Por supuesto, todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley, y le corresponde a la Fiscalía investigar y a los tribunales juzgar”, agregó.
Para detener el receso, que fuera pedido para abordar las crisis de Colchane y Panguipulli, era necesario la unanimidad de los comités parlamentarios, lo que no ocurrió por la falta de apoyos de RN y Evópoli.
Al mediodía de este lunes se llevará a cabo el procedimiento en el Juzgado de Garantía de Panguipulli, luego que el sábado se determinara ampliar la detención del uniformado en 48 horas.
La normativa contenida en la ley 20.931 aprobada durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet fue objeto de múltiples críticas y rechazos de parte de los expertos en seguridad, quienes cuestionaron su verdadera eficacia. “Deberíamos tratar de retrotraer la ley de control de identidad preventivo. Creo que ha sido muy mal utilizada y ha generado todo tipo de abusos”, aseveró la académica de la USACH en entrevista con nuestro medio.
Mauricio Orellana, representante de la Asociación de Artistas Callejeros Unidos (ACU), señaló hace una semana recibieron una denuncia que advertía respecto del hostigamiento de Carabineros en la zona. Para el dirigente, la situación es inaceptable y revela el trato al que cotidianamente deben enfrentarse los trabajadores de la cultura.
En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, lamentó la destrucción de infraestructura municipal. “No hay que minimizar el impacto que tiene”, dijo.
La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes condenó el asesinato de Francisco Martínez a manos de Carabineros denunciaron “la criminalización del arte callejero que hoy cobra una nueva vida”.
Por otra parte, durante la jornada, el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, también se refirió a los hechos, indicando que como municipalidad prestarán apoyo jurídico a la familia de Francisco Martínez.
El edificio de la municipalidad resultó completamente destruido luego que fuera consumido por las llamas, al igual que la oficina de correos y otros cuatro inmuebles, todo en el marco de las protestas que generó el asesinato de un joven malabarista por carabineros.
La Fiscalía ha solicitado a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI esclarecer si la acción del efectivo fue en defensa propia.
