Con la decisión del Tribunal Constitucional se da luz verde al acuerdo entre el fiscal Guerra y los controladores del grupo Penta.
El fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó el desafuero del Diputado Felipe de Mussy por no existir querella por parte del SII, abre un escenario ideal para la defensa de varios políticos -de la oposición y el oficialismo- para pedir el cierre de las investigaciones y el sobreseimiento de las causas.
Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
La Contraloría General de la República dio a conocer un documento en el que cuestionó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas por casos de financiamiento irregular en campañas políticas. Esto, en medio de las declaraciones del ex director del organismo Michel Jorratt quien acusó presiones por parte del ex titular de Interior, Rodrigo Peñailillo.
Desde la Asociación Nacional de Fiscales lamentaron que el servicio no tenga interés en la persecución penal de estos casos que han afectado la confianza pública.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió cerrar sin querellas las investigaciones sobre pagos a políticos, en las causas de Penta y SQM.
En el marco de la investigación realizada por los incendios forestales, el Fiscal Nacional Jorge Abbott inició un sumario en contra del Fiscal de la Región de O´Higgins, después de que la medida fuera solicitada por dos ejecutivos de CGE, quienes serán formalizados por el caso el próximo 12 de abril.
La acción interpuesta por el abogado Julián López busca dejar fuera del caso a los fiscales Gajardo y Norambuena. Desde el Ministerio Público expresaron su pesar por la decisión del Octavo Juzgado de Garantía, mientras que abogados querellantes en la causa aseguran que la estrategia puede debilitar la acusación contra los excontroladores de Penta.
En esta primera etapa el Tribunal estableció: suspender el proceso contra Laurence Golborne mientras se resuelve la admisibilidad y convocar a las partes de la causa a alegar respecto de lo solicitado por el ex ministro.
El ex brazo derecho de Carlos Délano y Carlos Lavín padecía cinco enfermedades. Su declaración fue clave para poder abrir la investigación en el caso Penta.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.
A la formalización, se suma la que este miércoles se realizará a Hugo Bravo, ex ejecutivo de la empresa.
Fiscales a cargo del mayor caso de corrupción investigado en nuestro país pidieron ampliar el plazo de indagación a lo máximo que permite la ley. El diputado Pepe Auth, espera que esto se resuelva antes de las próximas elecciones parlamentarias.
En entrevista con Patricio López, el diputado José Manuel Edwards (RN) llamó al PPD a dar explicaciones públicas ante los millonarios pagos de parte de la minera Soquimich y acusó un sesgo en las investigaciones de parte de la Fiscalía y el SII: “no puede ser que no haya prácticamente nadie formalizado de la Nueva Mayoría”.
El Ministerio Público reformalizó a los ex dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por delitos tributarios relativos a la evasión de impuestos para la adquisición de 20 vehículos, que tuvieron uso personal. Además, se formalizó al abogado Ignacio Ternicier por emisión de boletas ideológicamente falsas solicitadas por el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, para beneficiar campañas electorales de la UDI.
Al segundo lugar del ranking sudamericano en materia de percepción de la corrupción cayó Chile de acuerdo al Índice elaborado por Transparencia Internacional. Para analistas, esta es una señal de alerta derivado de los delitos en los cuáles han estado envueltos empresarios y políticos.
Preocupación ha generado la revelación de ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos que afirma haber escuchado sobre estas irregularidades. Dicho testimonio es parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo en contra del grupo económico, de propiedad de Carlos Délano y Carlos Lavín.
