En las últimas 24 horas, cinco tribunales del país, en Calama y Santiago, han debido cerrar sus edificios debido a sospechas y casos confirmados de contagio de COVID-19.
La coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas, explicó a Radio Universidad de Chile cómo ha sido el trabajo de los últimos tres meses y aseguró que las vulneraciones “son estructurales”, no solo vienen de Carabineros.
La iniciativa propone una comisión autónoma que contará con dos meses para fijar ingresos de las altas autoridades del Estado. Mientras tanto, las dietas de senadores y diputados experimentarían una reducción del 50 por ciento si es que el senado da luz verde a este proyecto.
En la suma de lo registrado por las organizaciones presentes, las cifras finales indican la existencia de 5 mil detenidos, 20 mujeres y 2 hombres abusados sexualmente, 10 desaparecidos, 60 personas con daños oculares y 26 fallecidos.
Sobre el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno, indican que “no restringe las facultades de los jueces en la defensa de los derechos”, reiterando su compromiso pleno con la ciudadanía y la defensa de sus derechos.
Se trata del magistrado Daniel Urrutia, quien fue sometido a un proceso sancionatorio tras remitir un trabajo académico a la Corte Suprema con críticas por su actuar en dictadura. En conversación con este medio, Fabián Sánchez, representante de Urrutia, explicó cómo pretenden demostrar su postura.
Luego de rechazar un recurso de protección, el máximo tribunal deslizó que los fallos del TC pueden ser revisados, lo que provocó la inmediata reacción del pleno del Tribunal Constitucional. Desde la instancia contestaron que es la propia Constitución la que establece los límites de su accionar y aclararon que no está en juego “quién tiene la última palabra, conforme al principio de la separación de poderes”.
La presidenta de la instancia valoró la decisión del Pleno de la Corte Suprema de expulsar a los ministros involucrados en delitos relacionados con corrupción e hizo un llamado al Ejecutivo a llevar adelante la modernización del Poder Judicial.
Si bien existen ministros visitadores que deben velar porque en cada Tribunal o recinto perteneciente al Poder Judicial se garanticen buenas condiciones para los trabajadores y trabajadoras, en la práctica no siempre funciona así.
La inédita decisión del Pleno de la Suprema de iniciar, conjuntamente, el complicado proceso de remoción de tres ministros de la Corte de Rancagua ha llenado las pautas de prensa. El procedimiento de aplicación de sanciones al interior del Poder Judicial ha levantado las críticas de los abogados defensores que llevan a mirar con mayor detención la forma en que jueces y ministros son evaluados por la Corte Suprema.
La cita se da luego de las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien sostuvo que los jueces “recién ahora han manifestado su voluntad de participar”.
A través de un anuncio desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, expresó que se harán públicas las agendas de los ministros de diversas instancias, así como las audiencias de concursos a cargos.
