Erika Silva, ex jefa de gabinete de la Dirección Sociocultural de La Moneda -la cual era dirigida por Sebastián Dávalos hasta el estallido del caso Caval-, fue removida de su cargo luego de sus polémicos dichos sobre la situación generada durante las vacaciones de la Presidenta en Caburgua, en los cuales criticó el rol jugado por el ministro Rodrigo Peñailillo porque “no fue capaz de dimensionar el impacto” de esta situación.
El sociólogo y doctor en ciencia política argentino, Atilio Borón se refirió en conversación con Radio Universidad de Chile al proceso judicial entre Chile y Bolivia en La Haya, el cual, para Borón, sólo se puede resolver abordándolo desde una óptica política amplia.
Diversas reacciones generó en el mundo político la petición de renuncia que la Presidenta Bachelet hiciera a todo su gabinete. Desde la Nueva Mayoría manifestaron su apoyo a esta decisión, y esperan que sirva para seguir impulsando el programa de gobierno. Mientras que en la oposición aspiran a que el Ejecutivo logre recuperar la agenda y se centre en las prioridades de la ciudadanía.
Como impresentable calificó el diputado comunista Daniel Núñez el hecho de que SQM mantenga el monopolio de la explotación del litio, dadas las últimas revelaciones sobre el financiamiento irregular de campañas políticas llevadas a cabo por la minera no metálica. Por esta razón, el parlamentario presentó un proyecto para terminar el contrato entre Corfo y SQM.
Michelle Bachelet aseguró que en septiembre se iniciará un proceso constituyente “abierto a la ciudadanía”, el cual desembocará en una nueva Constitución, sin embargo no se considera que la carta fundamental se genere a partir de una asamblea constituyente. Además, la Presidenta enunció las principales medidas anti corrupción que serán aplicadas para salir de la crisis en que está sumida la clase política.
Sabas Chahuán realizó su úlitma cuenta pública en el cargo, antes de dejar el puesto vacante en noviembre próximo. En su alocución, el Fiscal Nacional se refirió a los procesos que se llevan en el Ministerio Público sobre los llamados casos Penta y SQM, señalando que se perseguirá, sin importan quién sea, a todos los que resulten responsables.
Expertos en materia política concuerdan en que las soluciones que se deben tomar implican una visión profunda y de largo plazo para enfrentar la gravedad de esta crisis: desde la transparencia en los aportes a las campañas, hasta la implementación de una nueva Constitución.
El jefe de gabinete salió a enfrentar los cuestionamientos frente a las nuevas revelaciones dadas a conocer durante esta jornada, sobre la entrega de boletas a la empresa de Giorgio Martelli por parte de algunos miembros de su círculo cercano, como es el caso de Robinson Pérez y Héctor Cucumides, actuales funcionarios del Ministerio del Interior, así como la coordinadora del Consejo para la Infancia, Estela Ortiz, y Alicia Galdames, prima de la Presidenta.
La comisión Engel se ha manejado en un estricto hermetismo, lo que es una señal inequívoca que ésta se ve a sí misma como un brazo armado de la Mandataria. De hecho, pese a ser inicialmente vilipendiada por parlamentarios y líderes partidistas, al final éstos se han tenido que cuadrar en torno a ella. Según personas que saben del funcionamiento interno de esta comisión, la Presidenta se mantiene informada del curso que siguen los debates internos y hacia dónde apuntan sus conclusiones.
En el cónclave llevado a cabo desde horas de la tarde en un hotel de Providencia, miembros del gabinete de la Presidenta Bachelet, y los presidentes y autoridades de los partidos de la Nueva Mayoría, plantearon una serie de medidas para proyectar el panorama político del Gobierno, en medio de la crisis que afecta a la clase política. Una de las resoluciones dadas a conocer por el ministro Peñailillo es la flexibilización de la fecha para sacar adelante la agenda legislativa: el 31 de agosto de este año.
Complicados se han visto las autoridades en el Palacio de La Moneda al ser preguntados por los nuevos antecedentes relacionados a dos cuestionados operadores y recaudadores cercanos a la Nueva Mayoría: Giorgio Martelli Robba y Jorge Rosenblut Ratinoff. En este marco la Presidenta Michelle Bachelet firmó una Reforma Constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia electoral, mientras que el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo continúa con la ronda de reuniones para abordar la agenda de Transparencia y Probidad.
Estamos ante una propuesta ambiciosa, que contempla una serie de compromisos. Son cuarenta medidas en una variedad de campos de acción, formuladas declarativamente con verbos como “avanzar”, “instalar”, “impulsar”, “articular”, “implementar”, “promover”, “favorecer”, “estudiar”, “dotar”, etc. Aquí surge la gran duda que pone en jaque la propuesta: ¿quién va a ser el agente encargado y responsable de conducirla?
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado (PPD) y experto electoral, Pepe Auth, sostuvo que es necesario que se esclarezcan desde el punto de vista judicial, las responsabilidades que les pudieran caber a los parlamentarios y personeros políticos que han sido involucrados en la arista SQM del llamado caso Penta.
El sitio online de The Clinic publicó que el ministro del Interior entregó boletas a la empresa de Giorgio Martelli, quien ha reconocido haber recaudado fondos para diversa campañas políticas, en enero, febrero, marzo y mayo de 2012, por un monto total de 4 millones de pesos. Si bien el jefe de gabinete reconoció esta situación, sostuvo que efectivamente ejerció labores para esa empresa: “Yo trabajé durante cuatro meses en una empresa de Giorgio Martelli en mi calidad profesional y como magister en análisis político”.
La Presidenta Michelle Bachelet, confirmó que el actual director interino del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, continuará ejerciendo el cargo luego de proceso llevado a cabo a través de la Alta Dirección Pública. La ratificación se produce en medio de los cuestionamientos a Jorrat, por la emisión de boletas a una empresa vinculada a Soquimich.
El Juzgado de Garantía de Rancagua determinó que el cheque por 2 mil millones de pesos que el empresario Hugo Silva giró a Caval por la compra de los terrenos en Machalí, seguirá en poder de la Fiscalía por considerarlo un medio de prueba en el procedimiento judicial que se lleva a cabo. Además, el fiscal Luis Toledo señaló, en relación con la posibilidad de citar a declarar al empresario Andrónico Luksic por este caso, que “las personas que han tenido grado de intervención en esta indagatoria serán citadas”.
En calidad de imputado, y por cuatro horas, declaró Sebastián Dávalos en la Fiscalía de Rancagua en el marco de la investigación por el llamado caso Caval, en el cual se indagan las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en la compra de terrenos en la comunca de Machalí
