En el marco de la presentación del programa “Modelo Territorial Cero”, la ministra del Interior reiteró que en el caso del militar (r) venezolano el Ejecutivo ha reforzado y apoyado tanto el trabajo de las policías como el de la Fiscalía.
Por otro lado, los resultados de la encuesta arrojaron que los principales problemas del país para la ciudadanía son delincuencia, inmigración, narcotráfico, corrupción y seguridad pública.
El diputado de Convergencia Social asumió una autocrítica y aseguró que desde el oficialismo no han logrado “ser soporte de un gobierno y al mismo tiempo ser un actor principal en el debate de ideas en la sociedad”.
“Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, dijo el Mandatario, sumándose a la defensa de altas autoridades de Gobierno, como la ministra del Interior, Carolina Tohá.
En el marco de la cuenta pública del Poder Judicial, Ricardo Blanco hizo un llamado para avanzar en reformas que se encuentran pendientes, como la reforma procesal civil, un nuevo Código Penal, un moderno sistema de ejecución de penas, entre otras.
En el consejo de gabinete de cara al segundo aniversario de su mandato presidencial, el Jefe de Estado exigió a sus ministros y ministras enfocarse en los ejes de su gestión: seguridad ciudadana y social, fortalecimiento de la salud y el empleo.
El recinto fue inaugurado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien hizo un llamado a las y los parlamentarios a promulgar la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.
La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, señaló que la decisión fue tomada con la finalidad de disponer de “todas las capacidades del Estado para que las familias se puedan levantar de la manera más rápida posible”.
La organización defensora de los derechos humanos envió una carta al Jefe de Estado para exponer que la formalización de la máxima autoridad de Carabineros es incompatible con la permanencia en su cargo.
El exseremi de Vivienda abordó las contradicciones en el envío de antecedentes a La Moneda. Además, aseguró estar privado de libertad por razones políticas y sentirse “utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros”.
Se trata de una inversión de más de mil 148 millones de pesos en automóviles, marca Station Wagon, y furgones equipados con cámaras de monitoreo y visión infrarroja. La iniciativa busca fortalecer las herramientas de la institución.
Los abogados Carlos Margotta y Luis Mariano Rendón argumentaron que las acciones judiciales fueron interpuestas, principalmente, por organizaciones de la sociedad civil. El INDH, también querellante, tampoco está sujeto a órdenes del Presidente.