La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con el ministro del Interior para entregar una carta dirigida a la Presidenta, solicitando un pronunciamiento sobre el posible otorgamiento de beneficios penitenciarios a violadores de derechos humanos.
Esta mañana, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos se encadenaron a Tribunales, en protesta de las gestiones en el Parlamento que permitirían otorgar derechos penitenciarios a reos condenados por violaciones a los derechos humanos.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del PPD criticó que se esté legislando para otorgar beneficios carcelarios a violadores de los DDHH. “Los chilenos sienten hoy día que ellos han estado llenos de privilegios”, aseguró.
La agrupación de Familiares y Detenidos Desaparecidos (AFDD) aseguró que la decisión de la Corte Suprema que abre la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios a tres condenados por violación a los derechos humanos, instala nuevamente “el fantasma de la impunidad en el país”.
Organizaciones y parlamentarios criticaron a la posibilidad de otorgar la libertad condicional a violadores de DDHH como Miguel Krassnoff y Miguel Estay “El Fanta”. “Ellos nunca han tenido actitud de arrepentimiento”, señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
A través de su abogado, el ex jefe operativo de la CNI solicitó ser trasladado al Hospital Militar, luego de que fuera derivado desde Punta Peuco hasta la Cárcel de Alta Seguridad, producto de que Gendarmería le incautó, por tercera vez, un celular y un chip.
Durante la romería en recuerdo de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la Dictadura cívico-militar, familiares insistieron en terminar con condiciones que permiten a las Fuerzas Armadas amparar el encubrimiento, así como los privilegios que se mantienen entre sus integrantes.
El capitán (r) Arturo Silva Valdés fue detenido por funcionarios de la PDI luego de más de 20 días de encontrarse prófugo de la justicia que lo condenó a 15 años y un día de presidio por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
El eventual cierre de Punta Peuco pone de relieve los privilegios que han tenido los militares condenados por violaciones de derechos humanos en el periodo postdictatorial. El fin de dichos beneficios y la creciente victimización de aquellos que torturaron condimentan una discusión que tiene plazo de cierre.
Manuel Provis Carrasco, uno de los tres militares en retiro que se mantenían prófugos, ya se encuentra cumpliendo su condena.
Arturo Silva Valdés, quien además se desempeñó en el equipo de seguridad de Augusto Pinochet, se suma a otros dos condenados que aún no ingresan al penal Punta Peuco: Jaime Torres Gacitúa y Manuel Provis Carrasco.
El cierre del Penal Punta Peuco vuelve a aparecer en el tapete luego que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja Raúl Saldívar, junto al diputado comunista Hugo Gutiérrez coincidieran con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, en que la cárcel “cinco estrellas” debiese ser clausurada y sus presos enviados a un cárcel de máxima seguridad.
