Si el país conociera cada caso, tuviera acceso a los horrores cometidos por estos ahora ancianos, que escaparon de la cárcel durante varias décadas, no tenemos duda de que serían a lo sumo algunos de sus familiares más directos los que podrían estar reclamando su liberación, la posibilidad de que completen sus penas en sus propios hogares y hasta sigan recibiendo, como ex militares, pensiones de lujo en relación a las de la inmensa mayoría de los trabajadores.
Reacciones desde distintos sectores ha generado la detención del ex general Héctor Orozco, quien fue ingresado a la cárcel de Punta Peuco el lunes pasado El militar en retiro y ex director de Televisión Nacional (TVN) durante la dictadura tiene 92 años y está condenado por delitos de lesa humanidad. En particular, por el delito […]
familiares de víctimas de la dictadura esperan que se concrete el traslado de violadores a los derechos humanos a cárceles comunes y que la medida no sea “sólo un rumor”. Además, manifestaron desconfianza ante una posible revisión de las condenas como una forma de compensar la medida.
Después de conocerse las cuantiosas pensiones de invalidez entregadas a ex oficiales y generales de las Fuerzas Armadas, Radio y Diario Universidad de Chile elaboró los prontuarios de aquellos ex funcionarios que actualmente reciben estos aportes irregulares y que fueron condenados por la Justicia por cometer crímenes de lesa humanidad.
Diputados rechazaron el informe Sename II en medio de acusaciones cruzadas, presiones de La Moneda y cálculos varios. Semana donde además la Coordinadora NO + AFP anunció un plebiscito, Bachelet comprometió el cierre de Punta Peuco y se concretó una masiva marcha de inmigrantes en medio de la discusión de la nueva ley de migración.
Al ser consultada durante una entrevista sobre su promesa de cerrar la cárcel para militares condenados por crímenes durante la dictadura, Bachelet señaló que cumpliría con sus promesas. La UDI salió a criticar la medida, mientras que en la propia Moneda se mostraron algo sorprendidos y no quisieron precisar o dar plazos.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en contra de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, por no responder a la solicitud de indulto presentada por familiares de dos internos del Penal de Punta Peuco.
Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos indicó que con esto, los representantes gremiales están participando en la campaña que reos y familiares están haciendo para conseguir beneficios carcelarios.
Uno de los condenados por la muerte del padre de Michelle Bachelet, fue declarado en estado de demencia, por lo que cumplirá la pena en su domicilio.
Esta semana Presidenta entregó en la Corte de Apelaciones de Santiago un documento que da cuenta de sus actos, en el marco de la tramitación del recurso de protección interpuesto por dos reos condenados por delitos de lesa humanidad. La respuesta de la Presidenta fue certera: no hay, ni habrá indulto y los reos del penal no sufren vulneración de derechos.
Dos murieron en la cárcel, dos siguen esperando algún gesto que les permita vivir sus últimos días en la comodidad de sus casas. Cuando tuvieron el poder no conocían la palabra clemencia ni un sentido de humanidad.
Durante horas de esta tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso interpuesto por familiares de cuatro internos de Punta Peuco, quiénes acusan a la Presidenta por “omisión grave” ante solicitud de indultos.
Agrupaciones de víctimas de la dictadura y abogados de DDHH también cuestionaron visita de Jacqueline van Rysselbergue al penal Punta Peuco.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, manifestó ser partidario de que “se apliquen algunas reglas de decencia y caballerosidad para la gente que está en estado terminal” a raíz del caso de reo de Punta Peuco fallecido este martes. Desde agrupaciones y abogados de DD.HH criticaron los dichos del presidente del máximo tribunal.
La víctima de uno de los casos más recordados de la dictadura cívico-militar reflexiona sobre su vida, el perdón y los beneficios carcelarios: “El perdón es un acto individual, de cada persona que vivió el daño. A mí no me lo pidan, mientras no se cumplan requisitos mínimos como sociedad. Y pueda descansar pensando que el Chile que le entreguemos a las futuras generaciones ¡nunca más vivirá el horror de una dictadura!”
Para la ex militante del MIR el “perdón” de Punta Peuco no es más que una máscara con la que se pretende tapar la irrupción de nuevas fuerzas sociales, por eso condena el actuar de la clase dirigente que no manifiesta voluntad política para cumplir el programa de DDHH: “No entiendo qué impedimento hace que la Presidenta no pueda realizarlo, no lo entiendo”.
“Una sensación de injusticia muy grande” declaró tener Camilo Parada, hijo de José Manuel, una de las víctimas del Caso Degollados de 1985, luego que la Corte Suprema confirmara la libertad condicional a Claudio Salazar Fuentes, uno de los asesinos. Además, se manifestó desilusionado del Gobierno, por lo que espera que “nuevas fuerzas se compongan para que podamos cambiar Chile”.
