La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la solicitud del exmilitar, quien argumentó que “su condición etaria y de salud” eran incompatibles con la cárcel. Iturriaga cumple condenas por secuestro, homicidio, torturas, entre otros delitos.
A través de una carta, un grupo de exagentes de la dictadura reconocieron los atropellos cometidos en el régimen encabezado por Augusto Pinochet. “Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes”, agregan.
La diputada recordó el rol que jugó el exmandatario exigiendo el regreso de Augusto Pinochet cuando estaba detenido en Londres o también la declaración de guerra que realizó durante el estallido social.
El grupo, liderado por el diputado Juan Santana, instó al Ejecutivo a dar una señal a días de que se cumplan los 50 años del Golpe de Estado y confirmó la realización de una sesión especial esta semana en el Congreso con motivo de repensar el penal.
Jaime Campos, extitular de la cartera de Justicia durante el mandato de Michelle Bachelet, afirmó que “su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley”.
Sobre la posibilidad de una nueva candidatura presidencial, la ex mandataria espera “no estar ante ese dilema, porque creo que a la democracia le hace bien renovarse”.
El presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes y el ministro Leopoldo Llanos, expusieron ante el Consejo Constituyente donde explicaron que acceder a este beneficio sería contravenir acuerdos internacionales suscritos por Chile.
“Creemos que nuestro Gobierno tiene la facultad para hacer los traslados. Si en algún momento el ex presidente Sebastián Piñera lo planteó, creo que en estas circunstancias se debe hacer”, dijo la legisladora.
Según el diputado Juan Santana, la inicitiva no busca cerrar la cárcel sino más bien reacondicionarla para que pueda recibir a internos que tienen situaciones prioritarias, como mujeres embarazadas y madres de menores de edad.
“Punta Peuco fue construido en la lógica de la impunidad”, manifestó la diputada. La respuesta de la parlamentaria y de organizaciones de DDHH se dio luego que el ministro de Justicia Luis Cordero sostuviera que el penal sólo será “optimizado”.
A cinco décadas del quiebre de la democracia, el jurista exhortó a las FF.AA a que realicen un gesto en términos de entregar la información que manejan sobre las desapariciones forzadas y a que el Gobierno dé continuidad al plan de DDHH de Bachelet.
Al margen del descarte que hizo el Gobierno sobre presuntas instrucciones de cierre, la UDI, RN y Evópoli se cuadraron contra la iniciativa de clausurar el penal, apelando a que la conmemoración de los 50 años del golpe sea “un punto de encuentro”.
