Diputados Boris Barrera y Daniel Núñez critican la especificación publicada en el decreto del Ministerio de Hacienda que establece los rubros que podrán acceder al Bono Alivio para las pequeñas y medianas empresas y pidieron a la Contraloría que se pronuncie sobre el tema.
La iniciativa, que fue firmada por los diputados DC Jorge Sabag, Iván Flores, Joanna Pérez, Matías Walker, Manuel Antonio Matta, y Víctor Torres, plantea la urgencia de esta incorporación considerando la situación en que se encuentran miles de pescadores en el país producto de los efectos de la pandemia.
Desde el gremialismo insisten que de no haber modificaciones en el Plan Paso a Paso que terminen con las cuarentenas, no apoyarán el documento que será ingresado hoy en el Parlamento. La posición fue criticada por la diputada Alejandra Sepúlveda.
Esto luego que en la mañana de este viernes el Senado aprobara la indicación presentada por el diputado Daniel Núñez (PC) para incluir a los trabajadores de ferias libres en el paquete de medidas.
La iniciativa considera la entrega de bonos con cargo fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas que, en su conjunto, suman más de 800 mil entidades las que recibirán los beneficios según proyectara el Presidente Sebastián Piñera cuando anunció el paquete de medidas.
Luego que la comisión de Hacienda despachara el proyecto durante la madrugada, el Senado aprobó con doble unanimidad, los dos proyectos de rescate económico de la pymes. Beneficios tributarios y transferencias directas son los principales ejes. Tanto en el oficialismo como en la oposición valoraron el “ambiente de diálogo”.
Con reacciones encontradas entre la oposición y el oficialismo se recibieron los anuncios del Presidente Piñera en los llamados “mínimos comunes”. Mientras los primeros critican la propuesta por tardía e insuficiente, los segundos aplauden el esfuerzo fiscal comprometido por el Ejecutivo.
La noche de este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Lo anterior, en el marco de los mínimos comunes acordados con el Parlamento.
Este lunes se dio inicio a la mesa de negociación entre el Gobierno y representantes de los trabajadores para definir el reajuste salarial que regirá durante este año. Desde la CUT plantean incluir demandas como el establecimiento de una renta básica universal, fijación de precios y prohibición de despidos, además de un sueldo base de 500 mil pesos.
El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, sostuvo que las pequeñas empresas están en completa desventaja con respecto de las grandes empresas y que el Ejecutivo no ha sabido revertir esta situación.
El Presidente Sebastián Piñera aseguró que seis bancos ya se han sumado al plan de beneficios, que contempla tasas de cero por ciento real.
El miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja criticó la falta de contundencia en el plan económico anunciado por el Gobierno. Además manifestó su inquietud por las medidas de apoyo a las grandes empresas. “Mi temor es que ese apoyo se coma toda la plata y las (empresas) chicas queden botadas”, expresó en entrevista con nuestro medio.
Luego de un Imacec negativo, el Ejecutivo corrigió a la baja su proyección de crecimiento y anunció un paquete de medidas con un costo fiscal que alcanza los 5500 millones de dólares. El académico USACh analizó las propuestas y expresó sus críticas a la falta de respuestas concretas a las demandas sociales.
El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), publicado por el Banco Central, dejó en evidencia que la economía chilena no repunta.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, además, reconoció su cuota de responsabilidad en las actuales protestas ciudadanas, e indicó que no acertó con “las medidas necesarias y el sentido de urgencia para las necesidades del país”.
Se trató de la primera reunión de un trabajo mancomunado entre diputados y las pequeñas y medianas empresas, los presidentes de las comisiones de Trabajo y Hacienda, junto a la Bancada Transversal por las 40 Horas.
El pasado jueves 16 de mayo entró en vigencia la normativa que, eventualmente, obliga a las grandes compañías a pagar dentro de un mes a sus pequeños y medianos proveedores. Sin embargo, en la publicación se dejó fuera un artículo que permitía a las Pymes defenderse en caso de abuso, demandando a la industria y grandes empresas que no cumplan con el nuevo procedimiento.
