Los diputados rechazaron diez modificaciones que realizó previamente el Senado. Ahora se tendrá que conformar un comité de cinco diputados y cinco senadores para resolver las divergencias entre ambas corporaciones.
«Es fundamental que la legislación del uso de la fuerza sea acorde con un conjunto de estándares: el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas», destacó la directora del organismo.
Para el experto en seguridad de la Universidad de Chile, la legislación definitiva debe incorporar esta norma, pues sirve como marco para la disciplina interna de las Fuerzas Armadas, las policías y la interpretación judicial.
Las diputadas Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fríes (FA) defendieron ambos principios para «legitimar y elevar el estándar del actuar policial». La parlamentaria comunista anticipó que el proyecto derivará en una comisión mixta.
La iniciativa -también conocida por la sigla RUF- está cumpliendo su segundo trámite y fue analizada previamente por las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Pública.
La senadora Campillai relevó la necesidad de prohibir apuntar armamento menos letal al rostro, cabeza y torso. En paralelo al debate legislativo, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, llamó al Ejecutivo a autorizar el uso de taser paralizantes.
En entrevista con Radio Rancagüa, el Mandatario defendió que la institucionalidad civil es más «especializada», mientras que «la justicia militar es para tiempos de guerra, para casos muy específicos».
El vicepresidente del Senado afirmó que la idea “no tiene nada que ver con las ideas matrices” del proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza, y contradice un principio ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En una estrecha votación por 72 votos a favor y 71 en contra, la Corporación declaró inadmisible la indicación de la derecha que buscaba devolver a la justicia militar los casos en que uniformados cometen delito cumpliendo labores de orden público.
Desde el Partido Republicano aseguran que «la justicia no está funcionando para los militares y las policías». Este viernes el proyecto sería visado por la comisión de Hacienda y, luego, discutido en Sala en sesión especial de 16 a 19 horas.
La decisión se adoptó luego de que la Corporación suspendiera la semana distrital tras los homicidios de los tres carabineros en Cañete. Las RUF buscan establecer normas generales sobre el uso de la fuerza para las policías y Fuerzas Armadas.
El rechazo al principio de proporcionalidad, la prohibición de tortura y la intención de aplicar justicia militar, son algunos de los elementos que complican al Ejecutivo, sumado a la aprobación de indicaciones que son de autoría opositora.
“Hasta ahora, lo único que hemos tenido son rechazos. Si seguimos por esta senda, lo que va a llegar el jueves es un proyecto de ley inaprobable”, enfatizó la parlamentaria.
El parlamentario llamó al Ejecutivo a adoptar una «actitud colaborativa» para sumar las correcciones realizadas en el Congreso Nacional a los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), Infraestructura Crítica y Sistema Nacional de Inteligencia.
El subsecretario del Interior cuestionó la poca celeridad con que el Parlamento ha tramitado la Ley de Infraestructura Crítica, que permite un despliegue militar acotado en zonas urbanas, y las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
Mientras que la oposición pide mayores garantías para que las FF.AA. no paguen un «costo procesal» durante el desempeño de sus funciones, desde el PC instaron a prevenir el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos con esta nueva legislación.
El Ejecutivo y parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Constitución analizaron las más de 120 indicaciones realizadas al proyecto que se busca sea discutido a partir de la próxima semana.
