Se suman 103 nuevos casos contabilizados hasta las 21 horas del miércoles 18 de marzo.
En tanto la campaña de vacunación por la influenza, según informó Paula Daza, Subsecretaria de Salud, ya ha cubierto un veinte por ciento de quienes integran los grupos de riesgo.
La alerta sanitaria entrega la facultad de suspender clases y reuniones masivas de ser necesario, lo que podría sepultar las diversas convocatorias organizadas para marzo. Los gremios del sector pidieron al Gobierno “no caer en la tentación” de resolver, a través de un problema de salud pública, otro que es meramente político.
Según informó la seremi de salud de Tarapacá, se trataría de “casos importados” desde Bolivia. En tanto, en Isla de Pascua los casos corresponden a dos mujeres quienes se encuentran en buen estado de salud
La medida busca hacer más expedito el trámite administrativo y aumentar presupuesto ante la eventualidad que se presenten casos de personas infectadas en nuestro país.
Al parecer, la epidemia apareció en diciembre en un mercado de Wuhan, una metrópolis que, de facto, se encuentra en cuarentena desde el 23 de enero. Tanto la ciudad como su región, donde viven unos 56 millones de personas, están aisladas del mundo.
Si bien hace una semana el Comité de expertos descartó darle esta categoría al virus originado en China, los 15 miembros de la instancia cambiaron su opinión debido a las altas cifras de muertos y contagiados.
La tarde de este miércoles el ministro de Salud fue interpelado. El diputado encargado de formular las preguntas fue Miguel Crispi, quien partió cuestionando la actitud del secretario de Estado en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La ley que amplía las facultades de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) entrará en vigencia el próximo 6 de abril.
Luego que el Gobierno presentara su proyecto este domingo, la iniciativa no ha logrado convencer, pues desde los gremios del sector han criticado que este proyecto no incluye lo que la ciudadanía solicita y que, por el contrario, solo viene a seguir debilitando la salud pública.
La iniciativa busca beneficiar a 14,5 millones de afiliados al seguro público de salud, mejorando sus prestaciones.
Para los médicos de la AMAP este servicio garantizaba una atención con pertinencia sociocultural, particularmente de la población migrante no hispanoparlante.
