“Imprudencia de los ejecutivos, entrega de información falsa y violación de numerosas leyes tanto en Chile como en los Estados Unidos” es parte del contenido de la demanda que los accionistas minoritarios de SQM presentaron ante la justicia norteamericana. La periodista María Olivia Monckeberg comentó este texto con Radio Universidad de Chile, “Es una demanda muy fuerte”, aseguró.
El ex candidato presidencial aseguró que solicitó a la Fiscalía que la declaración que prestó durante esta mañana, luego de meses de retraso, sea pública.
La solicitud elevada por el Ministerio Público busca la inmediata notificación del ex candidato presidencial para poder agilizar el trámite de su declaración. La idea es constatar el presunto vínculo entre su campaña y boletas ideológicamente falsas emitidas a SQM.
Molestia existe ante la anticipada carrera electoral entre La Nueva Mayoría y Chile Vamos. Ausencia de contenidos, anticipada repartición de cargos y amenazas de formar nuevos referentes, se suman a los intentos por postergar los casos Penta, SQM, Corpesca, Caval y las colusiones empresariales.
Al haberse acogido a juicio abreviado, se lograría condena, pero esta no sería de cárcel, según indicó Sabas Chahuán.
El fiscal a cargo indicó que se analizan diferentes caminos procedimentales como juicio oral, procedimiento abreviado, o salidas alternativas, lo que depende de las penalidades a las que se enfrente el imputado.
La solicitud enviada a la Corte de Apelaciones de Santiago, busca el desafuero a la labor parlamentaria por los delitos de lavado de activos y fraude al Fisco.
Así lo confirmó el Fiscal Nacional en una entrevista de prensa. El Fiscal reiteró en que no habrá impunidad, pero que sí se evalúan salidas alternativas.
Ricardo Lee, representante legal de la Sociedad Alerce Talleres Gráficos, empresa que prestó servicios a la campaña senatorial de Carlos Ominami, insiste en que fue el ex ministro de Economía quien le solicitó que las facturas fueran dirigidas a la empresa minera no metálica, por un total de 150 millones de pesos.
Parlamentarios socialistas piden que Fulvio Rossi acuda a Fiscalía para entregar antecedentes sobre el financiamiento solicitado a SQM para las elecciones municipales de 2012.
El Octavo Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional y firma mensual para doce de los trece formalizados, solo Edgard Pinto, vinculado al Grupo Cruzat, quedo con la cautelar de arresto domiciliario total. En tanto, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal en contra de ocho de los imputados.
Representantes del Partido Radical y de la Cámara Chilena de la Minería del Litio exigieron a Corfo terminar la concesión con Soquimich.
Además, la empresa de Cristián Warner, Carlos García Tudela y Alberto Cardemil también fueron incluidos en la acción legal.
El ex consejero de Corfo Rafael Guilisasti asumirá en el directorio de las empresas “Cascada” de SQM en medio de un proceso arbitral entre la entidad estatal y la minera no metálica. Parlamentarios oficialistas hacen hincapié en la información privilegiada que –temen- podría entregar a su nuevo empleador.
Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, encabeza audiencia de formalización en contra de Giorgio Martelli, Patricio Contesse y Claudio Eguiluz, entre otros involucrados con la empresa SQM. Mientras que el fiscal Carlos Gajardo hará lo propio con Manuel Antonio Tocornal y otros ex controladores y ejecutivos del holding Penta.
Para Mauricio Daza, la dirección del Servicio de Impuestos Internos sigue orientada a resguardar los intereses de la Nueva Mayoría. Situación que no se habría modificado tras el arribo de Fernando Barraza.
Además, el recién nombrado director del SII aseguró que su institución aun no define criterios para presentar querellas en casos de financiamiento a la política.
