Querellante en caso Cascadas, calificó como “vergonzosa e inexplicable” la resolución del Tribunal Constitucional que determinó la rebaja de las multas a los implicados. De todas formas desestimó que esto tenga alguna influencia en la arista penal que sigue la Fiscalía.
Organizaciones defensoras del medio ambiente local denuncian que los funcionarios encargados de fiscalizar la extracción de agua del Salar de Atacama propician abusos de las empresas SQM y Rockwood en total impunidad. Acusan “compra de voluntades políticas” frente a obras que amenazan el ecosistema de la zona.
La Directiva del Partido Por la Democracia respaldó a la alcaldesa Carolina Tohá y su candidatura en las primarias municipales, en medio de polémica por traspaso de dineros al partido desde SQM.
El nuevo presidente del Partido por la Democracia respaldó el trabajo de la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá y recalcó que nadie al interior de la colectividad avala el financiamiento de la minera no metálica.
Soquimich, Lan Chile, Entel y Endesa fueron algunas de las empresas públicas privatizadas durante los últimos años de la dictadura, en un proceso caracterizado por la falta de transparencia que contribuyó a la concentración de poder económico actual.
La ex presidenta del PPD asumió la responsabilidad política del financiamiento que recibió el partido por parte de SQM, aunque descartó renunciar a su repostulación como alcaldesa de Santiago. En el oficialismo, en tanto, están alertas a las consecuencias políticas que pueda generar este caso.
El querellante en el caso SQM se refirió a los vínculos del PPD con la minera y afirmó que estamos “frente a un esquema fraudulento para recibir financiamiento”. El Tribunal Supremo del partido anunció que investigará a la alcaldesa y los integrantes de la directiva que establecieron el vínculo con la minera.
En entrevista con Patricio López, el diputado José Manuel Edwards (RN) llamó al PPD a dar explicaciones públicas ante los millonarios pagos de parte de la minera Soquimich y acusó un sesgo en las investigaciones de parte de la Fiscalía y el SII: “no puede ser que no haya prácticamente nadie formalizado de la Nueva Mayoría”.
“Exigimos que se repare la injusticia y que se trate a todos por igual”, afirmó el presidente del gremialismo, Hernán Larraín, al tiempo que se conocieron dos contratos firmados por Longueira y SQM y que constituyen la principal evidencia utilizada por la Fiscalía para solicitar su formalización.
Economistas criticaron el preacuerdo firmado entre Corfo y la minera estadounidense Rockwood para la explotación del litio por los próximos 27 años. “Este modelo está dentro del convenio de desnacionalizar la explotación de los recursos naturales y favorece el comportamiento extractivista”, aseguran.
Así lo determinó un trabajo elaborado por la PDI. En él se detalla que es “estadísticamente imposible” que dos personas redacten igual, dejando en evidencia la ilegalidad cometida por el operador político investigado en el caso SQM.
Hernán Larraín señaló que no son jueces para sancionar a Pablo Longueira y, por ende, dejarán que el Ministerio Público y los tribunales hagan su trabajo. En tanto, realizó una dura crítica sobre las malas políticas públicas del Gobierno, sobre todo en la gestión del Transantiago y sus elevadas tarifas.
La relación, iniciada hace más de treinta años, les ha servido a ambos personeros para obtener sus objetivos: Longueira podía recolectar dineros para sus campañas, mientras el ex gerente general de la minera no metálica lograba intervenir en asuntos claves para el desarrollo del país.
El abogado Daza lamenta el cambio de persecutor, porque la dirección de Pablo Gómez da pistas poco transparentes: “Él tiene vínculos con gente que debe investigar (…) estas son señales desalentadoras”. La Agrupación de Fiscales, en tanto, llama a despersonalizar las causas.
El testimonio del periodista Claudio Canales vuelve a involucrar al dueño de la consultora Imaginacción con el financiamiento irregular de la política.
Entre los antecedentes que se manejan, existiría una carpeta secreta que revelaría que las fechas de los aportes a la campaña de Longueira coinciden con los contactos entre el ex senador y Patricio Contesse. Pese a ello, desde la UDI mantienen su férrea defensa al ex senador, protección al que se suman los líderes de Chile Vamos.
Al segundo lugar del ranking sudamericano en materia de percepción de la corrupción cayó Chile de acuerdo al Índice elaborado por Transparencia Internacional. Para analistas, esta es una señal de alerta derivado de los delitos en los cuáles han estado envueltos empresarios y políticos.
