Luego de la resolución de admisibilidad del órgano, deben transcurrir 20 días para que AFP Hábitat haga sus descargos.
El Gobierno anunció que impulsará una reforma constitucional para definir los límites entre el TC y la Justicia, de hecho, el ministro del ramo, Hernán Larraín, declaró que “no puede haber instituciones que le pongan el pie (encima) a otras, sino instituciones que trabajen en forma coordinada y armónica”.
La decisión de dar tramitación a la solicitud del tribunal de alzada de la región de Antofagasta fue unánime en la Segunda Sala.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta requirió un pronunciamiento al TC para dirimir la controversia sobre la propiedad de los ahorros previsionales de una profesora. La resolución podría abrir la puerta para la inconstitucionalidad del decreto ley 3.500, aunque según advierte el abogado Jaime Bassa, si esto no se refleja en un cambio en la legislación, el sistema previsional quedará igual.
La Primera Sala de ese tribunal de alzada dictó una resolución en la que pide el pronunciamiento del Tribunal Constitucional por considerar que el Decreto Ley que impide el retiro de los fondos vulnera la Constitución al restringir el derecho de propiedad sobre los ahorros.
“Sería una sana práctica que los miembros del Tribunal justificaran su votación y esa justificación fuera pública”, manifestó el abogado y académico de la Universidad de Chile ante la elección del nuevo presidente del TC este viernes a las 10 de la mañana.
El organismo jurisdiccional escuchó los alegatos de los defensores de los tres procesados por la malversación de caudales públicos en el Ejército. La resolución del TC se dará a conocer durante la tarde de este viernes o, en su defecto, este sábado.
El Tribunal Constitucional escuchará, este jueves, la postura de los senadores para resolver la controversia sobre el quórum del TPP-11. Esto, antes de admitir a tramitación el recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de legisladores de la oposición.
Pese a que algunos artículos fueron previamente modificados por el Tribunal Constitucional, el nuevo reglamento promulgado este miércoles, promete un mayor resguardo al sistema financiero y un mejor control ante irregularidades.
Parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional buscan declarar inconstitucionales algunas de las normas aprobadas en las partidas del Ministerio del Interior y de Educación. Durante esta jornada, rectores de universidades del Cruch acudieron hasta la entidad para defender la incorporación de la glosa en el Presupuesto 2019 que autoriza utilizar los excedentes del Fondo Solidario.
El fallo del organismo colegiado validó la ley de libertades condicionales aprobada por el Congreso u que fue recurrida por parlamentarios de Chile Vamos que argumentaban que la nueva normativa imponía condiciones discriminatorias que infringían la libertad de conciencia y vulneraba el principio de igualdad ante la ley.
La ex ministra de Michelle Bachelet y vicepresidenta de la corporación Miles, se refirió al requerimiento presentado por Chile Vamos al Tribunal Constitucional y que declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia. Al respecto, señaló que la derecha busca obstruir un derecho ganado por la mujer.
La banca socialista acusó conflicto de interés de los ministros Juan José Romero, Pía Silva Gallinato y Miguel Ángel Fernández, quienes, eventualmente, deberán decidir sobre la constitucionalidad del reglamento por objeción de conciencia institucional, a raíz de la presentación de Chile Vamos que busca declarar ilegal la norma.
Los parlamentarios aseguran que el proyecto recientemente aprobado atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley al exigir mayores requisitos a quienes hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad.
Con esta decisión, el organismo jurisdiccional aprobó en todas sus partes la legislación y desechó el “téngase presente” que hace unos días interpusieron diputados oficialistas contra el cambio de sexo registral en adolescentes a partir de los 14 años.
En conversación con nuestro medio, el diputado la bancada socialista, Leonardo Soto confesó que sabían que era una iniciativa judicial difícil, pero que era la obligación del partido el intentar evitar un acuerdo que, en la práctica, implica impunidad para los autores de los delitos.
Con la decisión del Tribunal Constitucional se da luz verde al acuerdo entre el fiscal Guerra y los controladores del grupo Penta.
