Los ediles de Lo Espejo, Quinta Normal y Macul apuntaron al modelo social y económico que enfatiza en destinar los fondos para cuidar la propiedad privada y no garantizar la seguridad de toda la población.
“Pensamos que la primera señal que debiese dar el Gobierno es la remoción del actual general director de Carabineros”, sostuvo el abogado Luis Mariano Rendón.
El ex subsecretario de Prevención del Delito abordó el proceso de modernización, un día después de la exposición de los primeros avances ante un grupo de estudiantes de la Institución.
En el encuentro participó el director general de la Institución, y destacaron el trabajo de la sociedad, el mundo académico y de los expertos en temas de seguridad para reformar a Carabineros de aquí al centenario de 2027.
En conversación con nuestro medio, Macarena Huenchuleo, hermana de José Huenchuleo, herido por un impacto de bala en Cañete, relató los hechos ocurridos este miércoles, denunciando que los militares actuaron sin previa provocación: “¿Por qué no presentan sus registros? ¿Por qué no presentan sus grabaciones si ellos tienen cámaras”?, cuestionó.
Paralelamente Modatima Wallmapu presentó un recurso de protección contra el gobernador de la Región de la Araucanía, Luciano Rivas, por ser la consulta ciudadana “arbitraria e ilegal”.
La extensión del estado de emergencia en la Macrozona Sur fue reprobada por las autoridades representantes del pueblo mapuche para quienes el Ejecutivo ha abandonado las salidas políticas y dialogantes sobre el conflicto. Asimismo, la Plataforma Política Mapuche ingresó un recurso de protección contra las autoridades, debido a la arbitrariedad, ilegalidad y discriminación que entraña el decreto que desplegó a los militares en la zona.
Roberto Neira, jefe comunal de Temuco, consideró la extensión del estado de excepción como infructuosa en cuanto no ha amainado el conflicto en la zona y que el despliegue de Carabineros en las carreteras, ha dejado desprovista a la ciudad de contingente policial.
La socióloga experta en temas de seguridad, criticó las declaraciones del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a las candidaturas de Provoste y Boric de los hechos de violencia. “Aquí hay una intromisión al proceso electoral”, sentenció.
A dos años del estallido social, la encargada del organismo, Patricia Muñoz, aseguró que el daño provocado a NNA en materia de derechos humanos “no sólo no ha encontrado verdad y justicia para las víctimas, sino que lo que ha encontrado es manifiesta impunidad”.
El sociólogo interpretó la movilización social más grande de las últimas décadas y, a dos años de esa fecha, criticó la disposición que ha manifestado el Gobierno en cuanto a su juicio, ha pasado de un “no lo vimos venir” a “aquí no ha pasado nada”.
En un balance a dos años del 18-O, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que de las más de ocho mil denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las manifestaciones sociales, menos del uno por ciento de ellas han concluido en condena.
El académico cuestionó la decisión de decretar estado de excepción en algunas provincias de la Macrozona Sur: “La determinación del Gobierno va en un sentido diametralmente opuesto a las iniciativas de diálogo”
Según la versión de Carabineros, Denisse habría recibido el impacto de un fuego de artificio lanzado por parte de los manifestantes, hecho que es producto de una investigación de Fiscalía.
El jefe de gabinete indicó que los audios y videos muestran que hubo un actuar expedito por parte de las fuerzas policiales para prestar auxilio a la abogada de la Defensoría Popular fallecida durante la manifestación del sábado en el centro de Santiago. En materia migratoria insistió en que la forma de ingresar a Chile no son los pasos no habilitados y lamentó la muerte de una lactante en la frontera norte.
Ambos fueron formalizados por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.
El documento actualizado contiene las medidas que se deben aplicar en caso de protestas. Y si bien desde la institución señalaron que fue articulado con “lo mejor de la normativa internacional”, mantiene el uso de químicos en el carro lanza aguas. Presidenta de la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados indicó que el articulado “aún deja dudas”.
