La artista, que es considerada la directora de cine indígena más importante del mundo, visitó nuestro país y afirmó el trabajo de sus colegas le mostró algo que le parece crucial: en todas partes los pueblos están dando las mismas luchas y, por lo tanto, debe producirse un proceso de unidad.
Mientras parlamentarios de más de cien países debaten en Ginebra sobre el tema, en Chile algunos legisladores exigen que se otorgue urgencia al proyecto del Gobierno que moderniza las normas en el área migratoria. Agrupaciones sociales, por su parte, apuntan a la revisión de las políticas públicas.
Este jueves Londres 38, Espacio de Memorias publicó un informe elaborado por la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), que constituye una carta de navegación de los archivos incautados los años 2000 y 2005, en el marco de la investigación por los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad. La información es pública y revela, entre otras cosas, datos de civiles, agentes, además de corroborar la autonomía del enclave alemán ubicado en la comuna de Parral.
” Sólo el 7 por ciento de los cuerpos de los detenidos desaparecidos ha sido hallado”, indicaron desde Londres 38.
El ex coronel en retiro será enjuiciado por asociación ilícita, así como por su responsabilidad en torturas practicadas en dicho regimiento.
En los archivos entregados a Chile, se revela la participación directa del dictador en la muerte del ex canciller y su secretaria, ocurrido en Washington en 1976.
La estructura permanece desaparecida en una bodega de la institución y había sido inaugurada el 11 de septiembre recién pasado por autoridades de Gobierno y representantes de organismos de derechos humanos, de acuerdo a una denuncia hecha por el diputado (PS) Leonardo Soto.
Entre los expositores destacan los periodistas Javier Rebolledo y su reciente publicación “A la sombra de los cuervos”, como también Catalina Gaete, autora del libro “Vuestros nombres valientes soldados: la brecha en derechos y privilegios que separa a civiles de militares”.
Pese a que la aprobación del proyecto fue valorado por el Gobierno y por diferentes parlamentarios, el diputado Gabriel Boric señaló que la iniciativa no contempla la participación de la sociedad civil.
El sargento segundo Marco Guerrero fue careado hoy con el ex dirigente de la U. Federico Santa María Jorge Brito, quien lo acusa de detención ilegal y tortura durante manifestaciones estudiantiles en 2013. Martínez además es el principal acusado en la muerte del trabajador de Codelco Nelson Quichillao.
Las organizaciones de Derechos Humanos es fundamental la creación de la Subsecretaría. SIn embargo, explican que más que su prontitud es necesario que se fortalezcab sus contenidos.
“Nos alegra que haya un cambio de actitud, más de cercana a la realidad de los hechos” comentó al respecto, Luis Caroca, ex preso político y miembro del Centro De Formación Memoria y Futuro.
El Estado deberá pagar una indemnización total de más de 4 mil 500 millones de pesos a un grupo de ex prisioneros de la dictadura que estuvieron en el centro de detención de Isla Dawson.
Durante la romería en recuerdo de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la Dictadura cívico-militar, familiares insistieron en terminar con condiciones que permiten a las Fuerzas Armadas amparar el encubrimiento, así como los privilegios que se mantienen entre sus integrantes.
El ex agente de la DINA mantenía condena por más de 300 años. Entre sus crímenes, pesa su participación en la Caravana de la Muerte y el secuestro de Víctor Jara. Es recordado como uno de los más brutales represores de la época.
Lejos de las autoridades, esa fue la tónica de las actividades realizadas por la sociedad civil en recuerdo de las víctimas caídas en Dictadura. En las diversas citas, los asistentes increparon al Gobierno por mantener la impunidad de los victimarios.
La molestia radica en el incumplimiento de las promesas de avanzar en la agenda, así como en la actitud del Ministerio de Defensa de resguardar los intereses de las Fuerzas Armadas. Entre las actividades destaca un homenaje al periodista José Carrasco Tapia, asesinado por la CNI en 1986.
