El dirigente del Movimiento Acción Migrante criticó el avance de la tramitación del proyecto de ley que sanciona la migración irregular y calificó como una “regresión” el abordaje de esta problemática en el Congreso.
La exconcejala y otros tres activistas fueron monitoreados por una empresa de ciberinteligencia contratada por la hidroeléctrica. Sin embargo, esta desconoció la existencia de “actos ilegales ni arbitrarios”.
Además, el sexto estudio que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó que el 83,4% no cree que las personas reciban un pago digno por su trabajo.
La coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile cuestionó que el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular vulnera los derechos humanos de los migrantes, por lo que sugirió otro tipo de estrategias.
La presidenta de la AFEP Alicia Lira sostuvo que “es vergonzoso cómo usan y manipulan el dolor y la tragedia que viven esas familias”, en referencia a los tres funcionarios de Carabineros asesinados en el último mes.
La actriz, una de las primeras personas que sufrió el impacto de un proyectil en su rostro durante el estallido social, se refirió a los efectos de la Ley Nain Retamal y cómo en la discusión, no se consideró la voz de las víctimas de la represión.
La directora del Centro de Estudios de la Justicia de la U. de Chile y la abogada Karinna Fernández, se refirieron al estado de las acciones legales contra el alto mando de la institución por los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019
Cancino pidió la reapertura del caso Operación Retiro de Televisores y denunció la pérdida de una pieza ósea en el Servicio Médico Legal, caso que derivó en la aparición de 89 cajas con restos sin ser periciadas.
En su declaración ante la fiscal Ximena Chong, difundida hoy por El Mercurio, el exmandatario también criticó la falta de información de los servicios de inteligencia en los días previos al estallido social.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional consideró fundamental aclarar las eventuales responsabilidades de las autoridades políticas y policiales durante el estallido social y avanzar en medidas de no repetición.
De cara a la discusión en particular, miembros oficialistas manifestaron aprensiones sobre una eventual constitucionalización del modelo de las isapres. En tanto, en la oposición aseguraron que la norma sobre la materia evitaría un monopolio estatal.
El presidente de la CCHDH valoró la investigación de la fiscal Ximena Chong por los crímenes durante el estallido social. En el parlamento, la oposición cuestionó la parcialidad de la fiscal en el desarrollo de las diligencias.
